Sin embargo, todo indica que la iniciativa impulsada por sectores de la oposición no prosperará debido a la falta de votos y al respaldo que el oficialismo mantiene sobre el secretario de Estado.
El caso que desató la polémica gira en torno a la adjudicación de un departamento estatal al ex senador Javier Chaqueñito Vera, recientemente expulsado del Senado, quien había accedido a una vivienda dentro de un complejo habitacional destinado a sectores vulnerables. La revelación del beneficio generó un fuerte rechazo y derivó en cuestionamientos directos a la gestión del ministerio.
El pedido de interpelación fue promovido principalmente por legisladores opositores, entre ellos Raúl Benítez, quien cuestionó duramente el manejo institucional. Afirmó que la cartera de Vivienda no puede operar como una estructura al servicio de intereses políticos, señalando que su función debe centrarse en garantizar soluciones habitacionales a quienes realmente las necesitan.
En paralelo, desde el oficialismo ya se anticipó una postura contraria al proceso. Referentes de la bancada cartista en Diputados dejaron en claro que no acompañarán la iniciativa, lo que en la práctica bloquea cualquier posibilidad de que el ministro sea obligado a rendir cuentas en el pleno.
La controversia no se limita a un solo caso. A partir de este episodio comenzaron a surgir indicios de otras posibles adjudicaciones irregulares dentro del mismo complejo habitacional, lo que amplificó la presión política y mediática sobre el ministerio. No obstante, la renuncia de Vera al inmueble fue interpretada por críticos como un intento de descomprimir la situación sin abordar el problema de fondo.
Así, la sesión de hoy se perfila más como una demostración de fuerzas dentro del oficialismo que como una instancia real de control político, en un contexto donde la mayoría parlamentaria vuelve a jugar un rol clave para sostener a uno de los ministros más cuestionados del gabinete.