Diputados congelan intervenciones y otorgan respiro político a intendentes cuestionados
Son al menos siete los casos que siguen pendientes, la mayoría aún atrapados en la instancia previa de conformación de comisiones especiales que deben estudiar cada expediente.
Entre los casos más sensibles aparece el de Tomás Romero Pereira, administrado por Hernán Rivas, padre del senador oficialista Hernán David Rivas. La carpeta de este municipio arrastra postergaciones desde 2024 y, aunque se intentó reactivar su estudio este año, en setiembre volvió a ser archivada de facto por acuerdo político entre diputados de la ANR y el PLRA. Las denuncias apuntan a un presunto perjuicio de unos G. 2.000 millones en concepto de royalties, además de aproximadamente G. 7.000 millones de recursos genuinos, con obras licitadas que habrían sido ejecutadas con maquinarias del MOPC sin reflejar ahorro alguno para la comuna.
Ñemby es otro de los municipios que permanece en el limbo legislativo. Allí, la Junta Municipal ya aprobó el pedido de intervención en 2024 contra el intendente Tomás Olmedo. Las denuncias incluyen un faltante de al menos G. 700 millones y procesos penales abiertos por presunta lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos. Sin embargo, la Cámara aún no define siquiera la integración de la comisión que debe analizar el caso.
El escenario también es incierto para el intendente de Yby Yaú, Vidal Argüello. Aunque existe una solicitud formal de intervención por parte de la Junta, el jefe comunal contraatacó con una denuncia contra los concejales por supuesta adulteración de actas. La situación se vuelve aún más confusa porque, si bien la Contraloría no recomendó la intervención, Argüello igualmente fue denunciado penalmente por los ediles por presuntas irregularidades en su gestión.
En Ybyrarobaná, el intendente César Machuca enfrenta sospechas de malversación luego de que la Junta Municipal rechazara sus rendiciones de cuentas por falta de documentación respaldatoria. A pesar de la gravedad de los señalamientos, el expediente también sigue aguardando su turno en el Congreso.
Emboscada se suma al grupo de municipios en la cuerda floja. El intendente liberal Sergio Peña es investigado por supuestos pagos realizados en 2024 por obras que, según denuncias de los concejales, nunca fueron ejecutadas. El caso sigue sin resolución política en Diputados.
En Juan León Mallorquín, el intendente Elvio Coronel enfrenta observaciones de la Contraloría General de la República que detectó al menos 24 presuntas irregularidades. Entre ellas figuran cheques al portador por montos millonarios, la compra de combustibles por más de G. 1.900 millones sin uso de tarjetas magnéticas, además de obras con aparentes sobrecostos.
El único expediente que podría tener una definición inmediata es el del intendente de la ciudad de Lima, en San Pedro, Juan Manuel Ávalos. En su caso, la comisión especial ya emitió dictámenes luego de meses de análisis. La denuncia se originó en el rechazo de su rendición de cuentas del año 2023, con supuestas irregularidades en los programas de almuerzo y merienda escolar, que carecerían de respaldo documental por más de G. 514 millones. Sin embargo, el dictamen no es vinculante y todo apunta a que primará un acuerdo político que favorecería su permanencia, al tratarse de un jefe comunal de una alianza opositora.
Mientras tanto, el resto de los intendentes denunciados seguirán, al menos por ahora, sin investigación efectiva. Con el receso parlamentario a la vuelta de la esquina, las intervenciones quedan, una vez más, congeladas en los pasillos del Congreso, alimentando la percepción de que el blindaje político continúa pesando más que la necesidad de transparentar las gestiones municipales.