PolíticaSuspicaz tratamiento en tiempo récord
A pesar de los reclamos de la oposición, la maquinaria colorada (con apoyo cartista y abdista) avanzó sin pausa, incluso reformando normas que ya no están vigentes.
Las modificaciones aprobadas afectan dos aspectos clave: el registro electoral y la fiscalización del financiamiento de campañas. Sin embargo, uno de los proyectos introduce enmiendas sobre leyes derogadas, lo que despertó una ola de críticas y pedidos de revisión inmediata. La propuesta plantea alterar el artículo 130 de la Ley N.º 834/1996, lo que daría luz verde a la Justicia Electoral para realizar un corte administrativo del padrón en el año previo a las elecciones municipales.
La segunda iniciativa, la más polémica, pretende modificar los artículos 64, 66 y 278 de la misma ley sobre el financiamiento político. El problema, tal como advirtieron varios legisladores, es que los artículos modificados ya fueron suprimidos por la Ley 6501/2020. Es decir, se estaría legislando sobre disposiciones inexistentes.
El diputado liberal Marcelo Salinas fue el primero en solicitar postergar el tratamiento, ante la falta de dictámenes de comisiones especializadas. No obstante, fue la legisladora Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, quien expuso con mayor claridad las inconsistencias jurídicas del proyecto, subrayando que no solo se eludieron los canales institucionales apropiados, sino que se recurrió a la Comisión de Equidad Social —presidida por la cartista Rocío Abed— para emitir un dictamen irregular sobre una materia que no es de su competencia.
Vallejo enfatizó que el contenido de la propuesta ya no guarda relación con el orden legal vigente, lo que podría acarrear consecuencias en la aplicación práctica de la ley electoral. "Están pretendiendo enmendar normas que ya no existen. Es un error elemental que las comisiones pertinentes debieron detectar y corregir antes de someter el tema al pleno", afirmó.
La postura inflexible del oficialismo fue cuestionada incluso dentro de sus propias filas. El diputado Roberto González, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, admitió la gravedad del error y solicitó una postergación de ocho días para corregir las falencias. Señaló también que dicha prórroga permitiría integrar una propuesta de su autoría, conocida informalmente como "Ley Anti Beto Ovelar", que busca evitar que el número de lista coincida con el orden de los candidatos.
A su vez, el liberal Rodrigo Blanco agregó que el dictamen del Tribunal Superior de Justicia Electoral apenas había llegado la noche anterior, lo cual dejaba claro que no existían condiciones para un tratamiento serio ni transparente.
El apuro fue tal que durante la sesión, el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, perdió la paciencia con su correligionaria Rocío Abed, quien confundió los documentos que debía leer para justificar el proyecto. Visiblemente alterado, Latorre la presionó con exclamaciones para que se apurara y leyera el dictamen correcto, dejando en evidencia la improvisación con la que se manejó todo el proceso.
