Diputados aplazan definición sobre nueva ley de protección animal tras reunión con organizaciones
La decisión fue tomada durante un encuentro realizado este lunes con representantes de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, así como de organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa de los derechos de los animales.
El documento, que ya había sido modificado por el Senado y remitido de nuevo a Diputados, busca reformular el actual marco legal para fortalecer la lucha contra el maltrato y la crueldad animal. La propuesta legislativa reconoce a los animales como seres sintientes, lo que implica el derecho a recibir un trato digno, a vivir libres de sufrimiento innecesario y a estar protegidos por mecanismos jurídicos e institucionales que garanticen su bienestar.
Entre los ejes centrales del proyecto se encuentra la creación del Centro de Asistencia Sanitaria de Animales (CASA), una instancia que estará bajo la dirección de la autoridad nacional responsable de velar por la salud y defensa de los animales. Este centro se encargará de atender, tratar y rehabilitar a animales en situación de vulnerabilidad, rescatados, abandonados o incautados, y también podría extender sus servicios a otros casos, dependiendo de los recursos disponibles. El mismo espacio servirá como puente para procesos de adopción que aseguren condiciones adecuadas y definitivas para los animales involucrados.
El texto también propone la conformación de un Registro Nacional de Agresores de Animales (RAGAN), donde se concentrará la información de personas que hayan sido sancionadas por maltrato animal, tanto por resolución administrativa en casos graves como por sentencia judicial firme. La existencia de este registro busca generar antecedentes que impidan la reincidencia y faciliten el control sobre personas que hayan demostrado conductas violentas contra los animales.
El régimen sancionatorio propuesto establece penas que van desde multas hasta años de prisión. Los actos de maltrato intencional podrían ser castigados con hasta dos años de cárcel, mientras que las conductas consideradas de crueldad —como causar lesiones graves, mutilar, envenenar o abandonar a un animal— podrían derivar en penas de hasta cuatro años de reclusión. Asimismo, se contemplan restricciones a prácticas como el uso de animales en espectáculos que les generen dolor o sufrimiento, la explotación que supere sus límites físicos, o los sacrificios realizados sin seguir protocolos humanitarios de eutanasia.
El aplazamiento de la emisión del dictamen responde al deseo de los diputados de continuar el análisis del articulado y llegar a un consenso con todos los sectores comprometidos en la causa animal. La intención de fondo es que la normativa final refleje un acuerdo amplio y garantice una verdadera herramienta de protección efectiva para todos los animales del país.