Desde la oposición advierten que el oficialismo ya estaría operando para evitar el tratamiento del tema, lo que dejaría nuevamente en evidencia la fragilidad del control político dentro del Congreso.
El diputado Raúl Benítez lanzó duras críticas contra el sector cartista, al que acusa de intentar bloquear la interpelación mediante la falta de quórum. Según sostuvo, la votación prevista para este martes no solo definirá el futuro del ministro, sino que también marcará quiénes están dispuestos a transparentar la gestión y quiénes optan por protegerla.
El trasfondo del conflicto gira en torno a la adjudicación de viviendas sociales impulsadas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, particularmente tras el escándalo que involucró al senador Javier Vera, así como a familiares de la legisladora Zenaida Delgado. A esto se suman denuncias que, según los opositores, continúan emergiendo desde distintos puntos del país y que apuntan a un supuesto uso político de los programas habitacionales.
El intento de interpelación ya tuvo un episodio previo cuando el propio Baruja acudió a una convocatoria legislativa, pero debió retirarse abruptamente tras sufrir un sangrado nasal en medio de un clima tenso. Sin embargo, el caso no se desactivó y volvió a instalarse con mayor fuerza en la agenda parlamentaria.
En este contexto, desde la oposición plantean que no hay margen para posiciones intermedias y que la votación será un test directo sobre la voluntad de ejercer control. La advertencia es clara: quienes rechacen la interpelación quedarán, a criterio de sus impulsores, asociados políticamente a la gestión cuestionada.
El conflicto también expone una discusión más amplia sobre el uso de herramientas constitucionales. Legisladores críticos sostienen que la Cámara está renunciando a mecanismos fundamentales de fiscalización, mientras crecen las tensiones internas incluso dentro del oficialismo.
La disputa se da, además, en un escenario económico complejo, donde se cuestiona la asignación de recursos públicos en programas sociales. Para los sectores que impulsan la interpelación, el acceso a la vivienda debe priorizar a los sectores más vulnerables y no quedar sujeto a intereses políticos.
Con este escenario, la sesión del martes se perfila como una prueba de fuego para el Congreso, en la que no solo estará en juego la continuidad política del ministro, sino también la credibilidad de la Cámara para ejercer control sobre el Poder Ejecutivo.