Diputados de ANR proponen que funcionarios puedan cobrar subsidios de programas sociales
La propuesta fue impulsada por los diputados Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú), María Ida Cattebeke (ANR-Presidente Hayes), Miguel Ángel Del Puerto (ANR-Caaguazú), Hugo Meza (ANR-Cordillera), Johana Vega (ANR-Central) y Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), quienes sostienen que la exclusión automática de empleados públicos constituye una discriminación que no contempla la realidad de miles de trabajadores estatales con bajos salarios.
Según los proyectistas, existen casos de auxiliares de enfermería, personal de limpieza, docentes rurales y administrativos que, pese a ganar el salario mínimo o incluso menos tras descuentos, quedan fuera de cualquier ayuda por el solo hecho de pertenecer al sector público.
El proyecto plantea que esta situación contradice el principio de igualdad consagrado en la Constitución, al equiparar en la práctica a trabajadores con ingresos similares pero tratarlos de manera distinta dependiendo de si están en el sector público o privado. Para los legisladores, mantener esta prohibición implica sostener una inequidad estructural que se arrastra desde hace años.
En ese contexto, la iniciativa propone que el acceso a subsidios, ya sean de salud, vivienda, capacitación o asistencia social, se determine exclusivamente en base al nivel de ingresos y a indicadores de calidad de vida, sin importar la naturaleza del empleo del solicitante.
Como límite, se establece que los beneficiarios no podrán percibir ingresos superiores a dos salarios mínimos, o el tope que fije cada programa en su reglamentación específica, buscando evitar que el beneficio alcance a sectores con mayor poder adquisitivo dentro del Estado.
El proyecto también introduce un mecanismo de control al disponer que las instituciones que otorguen beneficios publiquen de forma detallada la lista de funcionarios públicos que acceden a estos programas, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir el seguimiento ciudadano.
La aplicación de la eventual ley quedaría en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá definir los mecanismos de evaluación y verificación de los solicitantes.
Además, la propuesta contempla la derogación de todas las normativas vigentes que impidan el acceso a subsidios por la sola condición de ser funcionario público, y fija un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo reglamente su implementación en caso de ser aprobada.
Los legisladores firmantes insisten en que la iniciativa no busca generar privilegios, sino corregir una distorsión histórica del sistema que deja sin cobertura a trabajadores estatales que, en la práctica, enfrentan las mismas condiciones de vulnerabilidad que otros sectores de bajos ingresos.