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La comisión, presidida por el diputado Pedro Ortiz, evaluó el documento y concluyó con una recomendación de aprobación. Durante el análisis se explicó que el acuerdo establece el marco jurídico para la presencia de personal militar y civil estadounidense en territorio paraguayo en el marco de actividades de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.
Según el contenido del proyecto, el convenio contempla que los integrantes de las fuerzas estadounidenses que participen en estas actividades cuenten con un estatus especial similar al diplomático. Esto implicaría determinadas inmunidades y privilegios para el personal militar y civil que opere bajo el acuerdo.
Mientras el documento avanza en el ámbito legislativo, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las implicancias que podría tener su aprobación. El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) manifestó su rechazo al acuerdo y advirtió que el mismo podría afectar principios fundamentales del sistema judicial.
A través de un pronunciamiento público, la organización sostuvo que el convenio representa un paso hacia la militarización de la seguridad y cuestionó la posibilidad de que tropas extranjeras cuenten con inmunidad en el país. En su comunicado, Serpaj afirmó que el modelo de seguridad no debería basarse en la presencia de fuerzas militares externas ni en la concesión de privilegios jurídicos a personal extranjero.
La entidad también señaló que la aprobación del acuerdo podría generar un escenario de impunidad en caso de que se registren abusos o delitos cometidos por miembros de fuerzas extranjeras en territorio nacional. En ese sentido, advirtió que el otorgamiento de un estatus diplomático al personal militar y civil vinculado al Departamento de Defensa de Estados Unidos podría impedir que eventuales casos sean juzgados por los tribunales paraguayos.
El debate sobre el acuerdo ya generó posiciones encontradas en el ámbito político. Durante el tratamiento del proyecto en el Senado también surgieron cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, que plantearon dudas sobre las implicancias jurídicas y de soberanía que podría tener el convenio.
Con el dictamen favorable de la comisión asesora, la iniciativa queda ahora a consideración del pleno de Diputados, donde se definirá si el acuerdo es finalmente ratificado o si el debate vuelve a abrirse en el ámbito legislativo.
