La Cámara de Diputados se alista para debatir dos proyectos de ley que buscan exonerar el pago de tasas de peajes en diferentes puntos del país. Ambos documentos serán tratados como primeros puntos del orden del día en la sesión ordinaria del martes 1 de abril.
El primer proyecto propone la exoneración del pago de peajes en todo el territorio nacional, otorgando al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la facultad de gestionar estas exenciones de manera legal. La propuesta surge como respuesta a los reclamos de ciudadanos que se oponen al pago en los peajes dentro de sus municipios.
Este documento también contempla beneficios específicos para los habitantes de los distritos donde están instalados los puestos de cobro, quienes quedarían exentos de pagar por el tránsito dos veces al día, en un esquema de ida y vuelta. Asimismo, los residentes de distritos cercanos disfrutarían de una reducción del 50% en las tarifas. Además, se garantizaría la gratuidad total del peaje para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, asegurando la continuidad de estos servicios esenciales sin costo adicional.
En paralelo, la Cámara analizará un segundo proyecto que plantea la exoneración del pago de peajes en el Departamento de Itapúa, específicamente en la estación “Portal de Itapúa”, ubicada en el distrito de General Delgado. Según el documento, los beneficiarios serían los ciudadanos de San Ramón (Misiones) y General Delgado (Itapúa), quienes deberán presentar documentación que acredite su residencia para acceder a este beneficio.
Este segundo proyecto responde al Decreto Nº 3.420, emitido en febrero de 2025, que ordenó la reubicación del peaje del distrito de Coronel Bogado al de General Delgado. La medida provocó descontento entre los habitantes de la región, quienes denunciaron el impacto económico de la decisión y solicitaron alternativas para aliviar la carga económica de quienes transitan diariamente por este tramo en cumplimiento de actividades laborales, educativas, comerciales y de salud.
Ambos proyectos de ley se encuentran en su primer trámite constitucional, pero han generado expectativas por el impacto que podrían tener en las economías locales y en la calidad de vida de los ciudadanos afectados por el cobro de estas tasas.
