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La convocatoria se realiza en una sesión extraordinaria que marcará el paso previo a su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.
El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contempla un total de G. 149,2 billones, equivalentes a unos USD 18.900 millones. Esto representa un aumento del 12% en comparación con el presupuesto vigente para el año 2025, es decir, cerca de USD 2.000 millones adicionales. Dentro de esa expansión, el Gobierno propone destinar aproximadamente USD 760 millones más a áreas consideradas prioritarias, como salud, educación, seguridad y atención a los sectores más vulnerables.
Uno de los aspectos técnicos destacados del plan financiero es la decisión de retornar al límite del 1,5% de déficit fiscal, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal, tras varios ejercicios en los que se permitió una mayor flexibilidad debido a la coyuntura económica.
La Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, ya remitió el proyecto a Diputados con una recomendación favorable que incluye un incremento adicional de G. 170.000 millones —unos USD 22 millones— respecto a la versión inicial del Ejecutivo. Ese aumento se orienta a fortalecer los presupuestos de instituciones vinculadas al área social y de infraestructura, entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, las universidades públicas del interior, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
De acuerdo con los plazos establecidos en la Constitución Nacional, cada cámara dispone de 15 días para estudiar y despachar el proyecto de ley presupuestaria. Si el Senado ratifica las modificaciones introducidas por Diputados, el documento quedará automáticamente sancionado. En caso de desacuerdo, el texto volverá a la otra cámara, que tendrá un plazo de diez días para pronunciarse sobre los puntos en disputa. La normativa también prevé que si una de las cámaras no se expide dentro de los plazos legales, el proyecto se considerará aprobado, salvo que se opte por un rechazo total, lo que requiere mayoría de dos tercios.
Con esta convocatoria, el Parlamento entra en la fase decisiva del estudio del PGN-2026, una de las discusiones más relevantes del año legislativo por su impacto directo en las políticas públicas y en la distribución de los recursos del Estado.
