El diputado nacional Mauricio Espínola denunció un presunto sobreprecio y falta de transparencia en la licitación del servicio de lavandería del Instituto de Previsión Social (IPS), un contrato plurianual que podría alcanzar los G. 160.000 millones, equivalentes a unos USD 25 millones. Según el legislador, la adjudicación no se limita al lavado de ropa hospitalaria, sino que incluiría la provisión masiva de textiles con costos unitarios que considera excesivos.
De acuerdo con lo expuesto por Espínola en sus redes sociales, la licitación contempla la provisión de textiles hospitalarios por "evento", un concepto que, según cuestionó, no establece límites claros ni se vincula a variables concretas como cantidad de camas, pacientes, períodos de tiempo o número de sábanas. Esta modalidad permitiría facturar, desde el inicio del contrato, la provisión total de textiles para los establecimientos cubiertos, con valores que superarían los G. 300.000 por unidad.
El diputado también señaló inconsistencias en los costos del servicio de lavado. Indicó que el IPS pagaría más de G. 40.000 por kilo de ropa, cuando en el mercado ese monto correspondería al lavado de aproximadamente diez kilos. A su criterio, el núcleo del negocio no estaría en el servicio en sí, sino en la provisión inicial de textiles, lo que habilitaría montos elevados desde el inicio del contrato y garantizaría ingresos permanentes a través del lavado diario.
Espínola sostuvo que el gasto resulta desproporcionado en el contexto actual del IPS. Afirmó que ninguna administración responsable destinaría casi USD 25 millones a un contrato de lavandería mientras persisten faltantes de medicamentos, escasez de insumos médicos, problemas de infraestructura, equipos biomédicos sin mantenimiento y servicios críticos que no funcionan de manera adecuada, afectando directamente a los asegurados.
Como alternativa, el legislador planteó que con menos de G. 30.000 millones el IPS podría haber equipado un centro de lavandería propio, adquirido maquinarias industriales y sábanas institucionales, asegurando un sistema operativo por más de diez años. Incluso citó como antecedente que los lavarropas industriales del Hospital Central continúan funcionando desde hace años, lo que, según indicó, demuestra la viabilidad de invertir en infraestructura propia.
El diputado también cuestionó que se trate del primer contrato de este tipo licitado por el IPS, lo que, a su criterio, abre interrogantes sobre cómo se prestó el servicio durante años y si realmente constituye una prioridad frente a las urgencias del sistema de salud. Comparó la situación con el área de electromedicina, donde —según denunció— el IPS adquiere equipos, pero no garantiza su mantenimiento, lo que provoca que queden fuera de servicio. En contraste, afirmó que en el caso de la lavandería se habría diseñado un contrato que asegura tanto la provisión de bienes como su mantenimiento a largo plazo.
Asimismo, alertó sobre la falta de publicación de la adjudicación, realizada en noviembre de 2025, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como establece la normativa vigente. A su criterio, esta omisión genera dudas sobre la transparencia del proceso y refuerza los cuestionamientos en torno al uso de los recursos de los asegurados.
Espínola viene realizando desde hace varias semanas una serie de publicaciones críticas sobre la gestión del IPS, relacionadas con licitaciones, mantenimiento de equipos médicos y provisión de medicamentos, basadas en documentos que, según afirma, respaldan sus denuncias.
