Destitución de Zacarías Irún se trataría después de “autoblindaje”
Tal como se presentan las cosas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, adonde fue derivado el proyecto de pérdida de investidura para el senador cartista Javier Zacarías Irún, el tema se abordaría recién después del tratamiento de los proyectos de reglamentación del artículo 201 de la Constitución, marco legal en la materia.
En su reunión anterior el miércoles pasado, la destitución de Zacarías Irún, impulsada por Patria Querida y Hagamos, no figuraba en el orden del día de la Comisión, que se ocupó sí de entender en las iniciativas tendientes a reglamentar el 201, proyectos que por otra parte son vistos como una reedición del “autoblindaje”, vetado por el ejecutivo y derogado finalmente por el Senado no hace mucho tiempo.
Son varios los proyectos en danza para reglamentar el 201. Está el de la senadora Lilian Samaniego, otro de varios parlamentarios colorados, y un último que ingresó el miércoles, del Partido Democrático Progresista (PDP).
Ninguno de estos fue abordado por la Comisión todavía, sin embargo. El tema se postergó hasta el próximo miércoles. Y nadie supo afirmar si para esa reunión está fijado el tratamiento de la pérdida de investidura de Zacarías. Lo más probable es que no.
“La Comisión no tenía agendada la perdida de investidura del senador Zacarías; entraría seguramente en la próxima reunión, siempre y cuando se plantee el tratamiento del proyecto para la plenaria del jueves que viene”, señaló el senador luguista Hugo Richer.
¿Otro blindaje?
La reglamentación del artículo 201 renueva la polémica sobre la necesidad real de ajustar la letra de la Constitución sobre un tema por demás controversial.
Según los analistas, la Constitución no deja mucho margen a la interpretación en lo que respecta a las causales de pérdida de investidura, inhabilidades, incompatibilidades con el cargo y abuso indebido de influencias. Ni siquiera -dicen- puede discutirse la cantidad de votos necesarios, que el texto constitucional establece en mayoría simple.
Según Richer, hay aspectos que sí pueden revisarse, como el debido proceso, todo lo concerniente a los elementos de prueba y el derecho a la defensa.
“Se puede reglamentar el debido proceso, que es hasta necesario; se puede quedar con la interpretación de la mayoría simple que es lo que dicta la Constitución; podemos reivindicar que la pérdida de investidura es una potestad del Congreso”, afirmó.
Richer, no quiso adelantar opinión sobre la postura que podría tomar el bloque del Frente Guasú, que Patria Querida considera clave para que su proyecto de despojar a Zacarías Irún de su banca, tenga alguna posibilidad.
El luguismo votó por mantener la investidura de Rodolfo Friedmann, y los patriaqueridistas temen que la situación se repita cuando el pleno trate el caso del poderoso parlamentario del Alto Paraná.
El senador Stephan Rasumussen se esforzó en la semana por desmarcar el caso Zacarías Irún del de Friedmann, pero lo cierto es que el parecido de la situación es innegable, ambos parlamentarios están acusados de lo mismo, y enfrentan procesos judiciales por delitos de corrupción.
Para Richer, “lo único importante es lo que demuestran las pruebas”. “No estamos hablando de un proceso judicial, sino de una decisión política, pero estamos hablando de acusaciones fehacientemente comprobadas del uso indebido de influencias, y tiene que demostrarse eso; porque de lo contrario esto puede ser un todos contra todos, y un quita y pone”, indicó.
“En el caso Friedmann yo me mantengo, ahí hay que demostrar que las empresas que ganaron las licitaciones pertenecen al señor Friedmann; yo creo que sí le pertenecen, posiblemente, es muy probable que sí, que sea de él; pero el señor (Enrique) Riera no demuestra eso, y ese es el punto”, agregó.
Las acusaciones
El pedido de pérdida de investidura de Zacarías Irún, vincula al senador cartista con varias empresas, como Gestiones del Este S.A., donde aparece asociado a Femando Román Fernández; Itapema Constructora S.A., donde también es socio Justo Zacarías; “esta empresa tuvo un crecimiento sorprendente, arrancó con Gs. 1.000, al año duplicó a 3.000 millones, y luego a 6.000 millones”, reza el escrito; y lo involucra en la quiebra de Mocipar.
Dice que Itapema es propietaria del dúplex en que vive el Juez Penal de Garantías de Ciudad del Este, Marino Méndez, quien entendió en el amparo judicial que prohibió a los concejales tratar la renuncia de la ex intendenta Sandra Mc Leod, esposa de Zacarías Irún.
Cita el Informe de la Seprelad N° 56/2018 que “confirma” los lazos del senador cartista con estas empresas, con otras que eran adjudicadas con millonarias obras en la Municipalidad de Ciudad del Este y en la Gobernación del Alto Paraná, así como en otros municipios donde Zacarías Irún contara con aliados políticos.
El proyecto hace un recuento de episodios que supuestamente configuran la utilización de influencia indebida del parlamentario para granjearse beneficios y eludir la acción judicial que pesa sobre él y su familia.
Pero el elemento de mayor pesa son tres audios de abril de 2019 de conversaciones suyas con Juan Domingo Sanabria, ex jefe de Prensa de la Municipalidad de Ciudad Del Este, que fueron grabados por el mismo Sanabria y agregados en la carpeta fiscal de la causa que investiga a los Zacarías.