Destinar recursos de binacionales para salud genera incertidumbre en becarios
El uso de los fondos sociales de las binacionales ha generado desde hace tiempo desconfianza a causa de la corrupción política, que dilapida los recursos del Estado. Al no formar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), estos fondos, de aproximadamente USS 150 millones, no son auditados por los órganos de control estatal.
Saber el destino de la también llamada "caja negra" de las binacionales es un largo reclamo de la población en general. De hecho, la Cámara Baja había remitido un pedido de informe el pasado 9 de diciembre, donde básicamente solicitaba detalles del uso de los gastos socioambientales desde el 2017 hasta el 2020, invocando la Ley Nº 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Itaipú respondió a una sola parte de lo solicitado, en tanto que Yacyretá se llamó al silencio.
Desde que Diputados aprobó el proyecto de ley que destina el uso de los fondos sociales de las entidades Itaipú y Yacyret para el área de salud, iniciaron los cuestionamientos en cuento al alcance real de la normativa.
Se trata del proyecto que dispone la utilización de los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de la Itaipú Binacional y Entidad Binacional Yacyretá correspondientes al lado paraguayo, para la compra de medicamentos, insumos médicos, materiales de bioseguridad, para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia del Covid-19.
En este caso especifico, la duda está entre sí afectaría o no las becas de estudios que son financiadas con recursos de las binacionales, en la cual se destinan aproximadamente unos US$ 7.700.000 al año. Se calcula US$ 1.000 por estudiante. Recordemos que entre la Itaipu Binacional y el Programa Nacional de Becas “Don Carlos Antonio López” (Becal) existe una alianza concretada para impulsar una política nacional e integral de becas.
El Coordinador General de Becal, Federico Mora, percibe que de darse la reasignación sin excepciones de los fondos sociales a salud serían afectados al menos 4.600 beneficiarios de becas universitarias y otras 3.100 personas en concurso. En ese sentido, dijo que las familias en estado de vulnerabilidad que tienen acceso a las becas están muy preocupadas ante este eventual hecho.
“Nosotros tenemos las becas universitarias a nivel nacional que otorga la Itaipú en conjunto con Becal cada año. Eso es financiado con fondos sociales. En este momento hay 4.600 becarios activos y una convocatoria que está en proceso de concurso de 3.100 estudiantes. En total hablamos de unos 7.700 becarios aproximadamente”, indicó en contacto para El Nacional.
Asimismo, explicó que ante esta situación de incertidumbre elevaron la consulta, que como encargados del programa les corresponde velar por los intereses de los becarios. Además, dijo que muchas otras personas están hoy pendientes de estas becas, a las que ven como una oportunidad para avanzar hacia un futuro mejor.
Apuntó a que la ley no puede ser retroactiva sobre derechos otorgados o adquiridos y que el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Nacional, al igual que el de la salud. Mencionó que los fondos para las becas están blindados, pero que las becas a nivel nacional tienen origen en los fondos sociales de las binacionales.
“Estamos trasmitiendo esta inquietud porque si bien sabemos que hay un principio de no retroactividad de la ley y queremos que eso efectivamente se plasme, porque comprendemos que hoy hay todo un posicionamiento sobre la aplicación de estos recursos para enfrentar al Covid-19, pero también hay que entender que la garantía de estos estudiantes y sus becas son demasiados importantes”, refirió.
Mora indicó que lo que no quiere es que no se incluyan y que prescriban estas excepciones, y que luego se queden los estudiantes con la dificultad de tener garantías sobre sus becas. Ratificó que es sobre este punto que manifiestan su inquietud desde Becal al gobierno.
“Hemos consultado con colegas de la Itaipú, quienes alegaron que existe la necesidad de precisar cuál es el alcance de la ley. Qué entra dentro de las excepciones, que compromisos realizados son elegibles o no elegibles, habrá o no retroactividad sobre algunos puntos o definitivamente no hay retroactividad?”, cuestionó.
Como institución, Mora indicó que se espera que la asignación de esos recursos se quede de la misma forma y que no se vean afectados por esta ley que destina fondos a salud para hacer frente a la pandemia.
“Entendemos la no retroactividad de la ley y que los recursos que están comprometidos no deberían tener ningún tipo de riesgo. No obstante, al solicitarse esa reasignación lo que queremos es que se garantice efectivamente que estos recursos no van a ser direccionados”, aseveró.
En cuanto a los cuestionamientos por parte de algunos legisladores con relación a su postura, dijo que no es momento para dar nada por sentado, pero que aguardan la explicación de lo que abarca la ley realmente y que se les confirme si las becas se verán afectadas, para que ellos pueda transmitir tranquilidad tanto a becarios como a las familias que ya están consultando al respeto.
El proyecto
La iniciativa presentada en la Cámara Alta, cuyo proyectista es el senador, Blas Llano, plantea destinar recursos en concepto de responsabilidad social empresarial correspondientes al lado paraguayo de Itaipú y Yacyretá mientras dure la pandemia. Una vez aprobada en el Senado, fue enviada a la Cámara de Diputados, donde también fue sancionada la propuesta, mediante la unidad de las bancadas opositoras. El documento ahora se encuentra en poder del Ejecutivo para su promulgación o veto.
Estos fondos sociales no solo serán utilizados para compras de insumos y medicamentos, sino además serán financiados programas de subsidios a trabajadores formales e informales que fueron afectados por las medidas de restricción sanitaria. Además de la Contraloría General de la República, se creará una Comisión Bicameral que controle el destino de estos recursos económicos.