El juez Humberto Otazú desestimó la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el exministro y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, su hijo y otras dos personas más. La Fiscalía descartó la existencia de hechos punibles, incluso en relación al supuesto tráfico de influencias vinculado a la extradición del brasileño de origen libanés, Kassem Hijazi.
Las fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero solicitaron desestimar la causa, citando un dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la evolución patrimonial de Fretes y los investigados era sustentable y correspondía con sus ingresos legales.
El pedido de desestimación también refiere que no se hallaron elementos que indiquen que Fretes haya sido objeto de influencia o que haya influido en otros ministros para dictar una resolución favorable en el caso relacionado con Hijazi.
La investigación a Frentes surgió a partir de publicaciones periodísticas que señalaban bienes e inversiones incompatibles con sus ingresos.
El posible tráfico de influencias se vinculó a su intervención en la inconstitucionalidad presentada por Kassem Mohamad Hijazi, cuyo hijo habría firmado un contrato por USD 368.000 con uno de los hijos del exministro para dilatar su extradición a Estados Unidos.
Respecto a Asdrúbal Fretes, hijo del exministro, y su pareja Adriana Florentín, la Contraloría revisó documentación inicial y complementaria presentada por el investigado sobre su evolución patrimonial y, tras el análisis, concluyó que su patrimonio era sustentable.
Según las fiscales, esta conclusión fue confirmada por dos pericias contables independientes, una del Ministerio Público y otra presentada por la defensa.
En relación a Lourdes González, socia comercial de Asdrúbal, se menciona que, descartado el enriquecimiento ilícito respecto a Antonio Fretes y su hijo, la Administración Tributaria informó que los mismos y las empresas Ahoraite S.A., Río Salado S.A. y Tebicuary Campos & Hacienda están inscriptos en el Registro Único del Contribuyente, que se remitió toda la documentación y declaraciones juradas correspondientes, sin registrarse antecedentes de fiscalización ni procesos administrativos relacionados.
En esta porción de hechos, la investigación buscó determinar si Fretes, Asdrúbal y Florentín realizaron aportes o inversiones en las empresas Ahoraite S.A., Tebicuary Campo & Hacienda y Río Salado S.A., y si estos podían justificarse con sus capacidades económicas reales.