¿Derogación en marcha?
El rechazo a la reciente Ley N.º 7447/2025, que unifica las tarifas de habilitación de vehículos en todos los municipios del país, ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y ciudadano. En respuesta a la controversia, el senador liberal Ever Villalba y el diputado Alejandro Aguilera han presentado proyectos de ley en sus respectivas cámaras para derogar la normativa y restablecer el esquema anterior de cobros.
Unificación de tarifas: una medida apresurada y perjudicial
El senador Villalba sostiene que la ley se aprobó sin la debida socialización ni audiencias públicas, y que su implementación ha generado un impacto económico negativo en los conductores, especialmente aquellos con vehículos de menor valor.
"La ley fue impuesta de manera apresurada, sin considerar la depreciación de los rodados ni la realidad económica de los paraguayos", argumentó el legislador. Explicó que, bajo el nuevo esquema, propietarios que antes pagaban G. 90.000 ahora deben abonar G. 250.000, mientras que otros, con vehículos de gama alta, incluso vieron reducidos sus costos de habilitación.
Villalba propone devolver a las municipalidades la autonomía para establecer las tarifas de acuerdo con las categorías y realidades locales, evitando así que municipios con diferentes niveles de desarrollo y poder adquisitivo apliquen los mismos montos.
Diputado Aguilera impulsa la derogación en la Cámara Baja
En la misma línea, el diputado Alejandro Aguilera ha presentado un proyecto de ley para derogar la normativa en la Cámara de Diputados. "Acabo de presentar el proyecto de ley que deroga la Ley 7447/2025, que establece la unificación del costo de habilitaciones vehiculares en todos los municipios del país", afirmó Aguilera.
El legislador advirtió que la norma genera más perjuicios que beneficios, ya que impone tarifas desproporcionadas sin considerar la realidad económica de cada ciudad. Además, denunció que su aplicación ha generado confusión y malestar entre los ciudadanos, quienes consideran que se trata de un golpe más a su ya debilitado poder adquisitivo.
Un problema que golpea el bolsillo de los paraguayos
La Ley N.º 7447/2025 fue promulgada con el objetivo de homogeneizar los costos de habilitación de vehículos en los 263 municipios del país, excepto Asunción. Sin embargo, en la práctica, la normativa ha sido altamente criticada por su falta de equidad.
Mientras algunos conductores experimentaron una reducción en sus costos de habilitación, muchos otros, especialmente aquellos con vehículos más antiguos y de menor valor, han tenido que afrontar incrementos significativos en los montos a pagar.
Este aumento de tarifas se da en un contexto de crisis económica en Paraguay, donde el costo de vida ha ido en ascenso y las familias enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos. Además, los municipios han expresado su preocupación por la pérdida de autonomía, ya que no pueden fijar los precios, acorde a su realidad económica y administrativa.
Ante el descontento generalizado, varios intendentes han solicitado una revisión de la ley, y algunos han decidido postergar su aplicación ante la presión ciudadana. La polémica sigue creciendo, y todo apunta a que el Congreso deberá replantear la medida o enfrentar nuevas manifestaciones de rechazo.
¿Se viene una modificación de la ley?
En respuesta a la controversia, el senador Villalba ha manifestado su intención de reunirse con los ciudadanos afectados para discutir posibles modificaciones. Su objetivo es elaborar una propuesta más equitativa, que tome en cuenta la depreciación de los vehículos y la realidad económica de cada municipio.
Por su parte, Aguilera ha instado a sus colegas en la Cámara de Diputados a acompañar su proyecto de derogación, argumentando que la ley, en su estado actual, es injusta y perjudicial para una gran parte de la población.
La presión social y política podría llevar a una revisión urgente de la normativa en los próximos meses. Mientras tanto, los conductores paraguayos siguen exigiendo respuestas y soluciones a un problema que, lejos de facilitar el acceso a la legalidad vehicular, se ha convertido en un nuevo obstáculo financiero.