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La presentación quedó registrada oficialmente en el sistema electrónico del Jurado durante la mañana del 17 de diciembre.
La denuncia se produce luego de que el propio JEM informara que tomó conocimiento de publicaciones periodísticas relacionadas con el expediente, y apunta de manera directa a un dictamen firmado por Machuca en julio de 2024, mediante el cual se reactivó la persecución penal contra Irún por un supuesto hecho de prevaricato. Los denunciantes sostienen que esa decisión desconoce resoluciones judiciales firmes dictadas en el fuero civil y comercial, que ya habían validado la sentencia cuestionada.
Según el planteamiento elevado al Jurado, la fiscal adjunta habría excedido sus funciones al volver a analizar cuestiones de fondo ya resueltas por tribunales superiores, revisando pruebas y fundamentos como si tuviera potestad para corregir decisiones judiciales definitivas. Esa conducta es descrita en la acusación como un accionar impropio, equiparable al de una "súper jueza", al reabrir por la vía penal un debate que, de acuerdo con la presentación, estaba jurídicamente cerrado.
El escrito también cuestiona los argumentos utilizados para sostener la supuesta ilicitud de la actuación de Irún. En particular, se menciona que el dictamen fiscal hace referencia a presuntas irregularidades vinculadas a la identidad, nacionalidad y tipo de acciones de empresas extranjeras. No obstante, se afirma que dentro de la propia carpeta fiscal existen informes de la Dirección de Asuntos Internacionales que descartan la existencia de accionistas de países limítrofes y la emisión de acciones al portador, lo que, según la acusación, derriba la hipótesis de violación de la Ley 2532.
Otro punto central del cuestionamiento es que, de haberse tratado de un problema de orden público en los términos alegados, la cuestión debió haber sido abordada por la Sala Constitucional. La intervención previa de ese órgano, siempre según la denuncia, descarta que se configure una infracción de la naturaleza invocada ahora por el Ministerio Público.
El caso vuelve además a poner bajo la lupa el rol del propio Jurado de Enjuiciamiento, recordando que el mismo órgano ya había procesado a Tania Irún en el pasado, en un contexto institucional marcado por la participación de miembros posteriormente muy cuestionados. Ese antecedente, señalan los denunciantes, agrava las dudas sobre la imparcialidad y la consistencia del tratamiento del caso.
Con la acusación ya formalmente ingresada, el JEM enfrenta ahora una definición de alto impacto institucional: avanzar en la investigación de la conducta de la fiscal adjunta o convalidar una actuación que, según la denuncia, habilita la reapertura penal de un asunto ya resuelto por la Justicia civil. La presentación se apoya en dictámenes fiscales, sentencias definitivas y documentación incorporada al expediente, y anticipa un nuevo capítulo de fuerte tensión en un caso que sigue generando repercusiones en el ámbito judicial y político.
