PolíticaPolémica en concurso
El reciente concurso de méritos impulsado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para cubrir la vacancia de Inspector Gubernamental de Aeronavegabilidad quedó bajo fuertes cuestionamientos tras detectarse cambios llamativos en los requisitos, que habrían dejado fuera del proceso a profesionales con amplia formación técnica.
De acuerdo con denuncias y documentos, ingenieros aeronáuticos y técnicos mecánicos con años de experiencia fueron excluidos del concurso bajo el argumento de que se encontraban "sobrecalificados" para el puesto. La situación genera inquietud debido a la naturaleza sensible del cargo, que implica la supervisión de la seguridad operacional.
Según el organigrama institucional, el inspector gubernamental tiene como función supervisar, certificar y garantizar que aeronaves, operadores y organizaciones de mantenimiento cumplan con las normas nacionales e internacionales de seguridad aérea.
Esto incluye la realización de inspecciones rigurosas, revisiones documentales y auditorías tanto en tierra como en vuelo, responsabilidades que exigen alto grado de conocimiento técnico.
El propio Pliego de Bases y Condiciones (PBC) asigna al puesto tareas como inspección de aeronaves, evaluación de reparaciones y alteraciones mayores, análisis y aprobación de manuales técnicos, aplicación de reglamentos Dinac R y fiscalización de talleres y explotadores. Se trata de funciones que, normalmente, requieren formación especializada y experiencia comprobada.
Sin embargo, en una modificación considerada inexplicable por los afectados, el mismo documento habilita la postulación de "estudiantes universitarios" o incluso bachilleres, lo que abre la puerta a candidatos sin la preparación necesaria, a juicio de los denunciantes.
El cambio, señalan, deja afuera a profesionales formados y reduce significativamente el estándar técnico exigido para un área crítica de seguridad aérea.
A esto se suma otro elemento cuestionado: la falta de transparencia en el proceso. Los postulantes son identificados únicamente por códigos, sin que se den a conocer los nombres de los interesados en ocupar el cargo, dificultando así el control ciudadano sobre la selección.
