PolíticaDr. Ávila
El titular de la institución, Rafael Ávila, explicó que se encuentran analizando la posibilidad de impulsar una demanda en la jurisdicción civil, en paralelo a las investigaciones que continúan en las instancias penales y administrativas. Indicó que el trabajo se centra en aspectos formales y que se busca avanzar con cautela, acumulando todos los elementos necesarios antes de tomar una decisión.
Según detalló, la Defensoría mantiene contacto con distintos sectores del ámbito jurídico para evaluar la viabilidad de una presentación que podría realizarse en representación de intereses colectivos. En ese sentido, señaló que una de las alternativas en estudio es accionar ante la Justicia para solicitar la nulidad del documento cuestionado.
Ávila también recordó que la situación vinculada a la matrícula profesional del legislador se encuentra actualmente bajo análisis dentro del Poder Judicial, aunque ese proceso permanece en suspenso a la espera de una resolución definitiva en la causa penal. Asimismo, adelantó que prevén mantener reuniones con autoridades judiciales para explorar todas las vías posibles dentro del marco legal.
El caso tomó un nuevo impulso luego de que la Cámara de Apelaciones dejara sin efecto la resolución que disponía el juicio oral contra Rivas, al considerar que el hecho investigado prescribió. A partir de ese criterio, también quedó sin sustento la acusación por el uso de documentos públicos de contenido falso, lo que derivó en su sobreseimiento.
Pese a ello, el debate sobre la validez de su título académico continúa abierto. El Ministerio Público había sostenido que el legislador presentó documentos presuntamente irregulares, incluyendo un certificado de estudios y un título universitario que le permitieron acceder a cargos de relevancia, entre ellos la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Desde el ámbito jurídico, el abogado Manuel Riera sostuvo que la Defensoría del Pueblo tiene facultades para intervenir en este tipo de situaciones, en defensa de los denominados derechos difusos. A su criterio, existe base legal para que el organismo promueva una acción que busque la nulidad de los actos que conforman la cadena de expedición del título cuestionado.
Riera consideró que, de concretarse, una iniciativa de este tipo podría sentar un precedente relevante en materia de control de la legalidad de documentos académicos y en la defensa de la institucionalidad. Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento público, en un escenario marcado por cuestionamientos sobre la credibilidad del sistema y el impacto político de las decisiones judiciales.
