Defensa rechaza "militarización" y asegura que nuevo decreto solo amplía radio de acción de las FFAA en la Región Oriental
Afirmó que la medida no implica una militarización del país, sino una ampliación territorial del ámbito de intervención que ya venía ejerciendo el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
El presidente Santiago Peña, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, oficializó el decreto con el argumento de hacer frente a la presencia de grupos criminales y organizaciones armadas que operan en distintos puntos del territorio. Hasta ahora, la Fuerza de Tarea Conjunta actuaba en siete departamentos; con la nueva disposición podrá desplegarse en los catorce departamentos de la Región Oriental. Los tres departamentos de la Región Occidental no están incluidos.
González explicó que antes del decreto el CODI operaba mediante dos fuerzas de tareas que cubrían zonas específicas del Norte y del Sur. Con la modificación, se amplía la posibilidad de empleo de elementos de combate en el resto de los departamentos orientales, pero bajo los mismos parámetros legales. Remarcó que la militarización implicaría designar un comandante de plaza con control absoluto sobre las operaciones, algo que —según sostuvo— no ocurre en este caso.
El titular de Defensa subrayó que las acciones del CODI y de la Fuerza de Tarea Conjunta se desarrollan con autorización judicial y bajo control del Ministerio Público. También insistió en que la ciudadanía no verá patrullas militares en las calles realizando tareas de seguridad urbana, ya que el decreto apunta exclusivamente a enfrentar grupos armados con capacidad y entrenamiento de tipo militar o seudomilitar.
Según detalló, la intervención de las Fuerzas Armadas se limitará a casos en los que existan informes de inteligencia que confirmen la presencia de organizaciones con armamento de guerra. La identificación de estos grupos estará a cargo de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Senad y la Dirección de Inteligencia del Estado.
Uno de los factores que motivaron la ampliación del radio de acción fue la presencia del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo en zonas limítrofes entre departamentos como Canindeyú y Caaguazú, donde recientemente se registró un secuestro. El ministro explicó que la proximidad geográfica entre ambos puntos evidenció la necesidad de contar con mayor flexibilidad operativa.
En relación con versiones que indicaban que las fuerzas de seguridad habrían abandonado la búsqueda de un joven secuestrado, González negó categóricamente esa posibilidad. Aseguró que el CODI mantuvo en todo momento el operativo y que solo se facilitaron condiciones para que la familia pudiera recibir eventuales comunicaciones o pruebas de vida.
Finalmente, confirmó que Estados Unidos brindará apoyo en materia de asesoramiento en inteligencia para las tareas de rescate y combate a grupos armados. No obstante, negó que existan comunicaciones confirmadas entre los secuestradores y la familia de la víctima.
El decreto abrió un intenso debate político y jurídico sobre los límites de la participación militar en tareas de seguridad interna, mientras el Gobierno sostiene que la medida busca reforzar la capacidad del Estado para enfrentar amenazas armadas sin alterar el orden constitucional.