Defensa aclara que intervención de las FF. AA no significa "poderes especiales"
El Consejo de Defensa Nacional (Codena) solicitó al presidente Santiago Peña la emisión de un decreto que permita liberar nuevos territorios para una eventual intervención de las Fuerzas Armadas, tras los últimos hechos de violencia registrados en el país.
El documento sería firmado en las próximas horas, una vez concluyan los ajustes jurídicos.
El ministro de Defensa, Óscar González, aseguró que la decisión no otorgará facultades extraordinarias a los militares y que su actuación estará estrictamente enmarcada en la ley.
"Esto no se superpone a la misión constitucional de la Policía Nacional, sino viene a fortalecer. El trabajo siempre fue coordinado", afirmó en comunicación con radio Monumental 1080 AM, al recordar la experiencia operativa del Comando de Operaciones de Defensa Interna y la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte y sur del país.
Condiciones para intervenir
Según explicó el titular de Defensa, las Fuerzas Armadas podrán ser empleadas únicamente si se verifica al menos una de tres condiciones concretas:
- Que el grupo criminal posea armamento de guerra.
- Que sus integrantes tengan entrenamiento pseudomilitar.
- Que exista una intención manifiesta de colocarse por encima de la autoridad del Estado.
"Un grupo criminal que tenga armamento de guerra o tengan sus integrantes un entrenamiento pseudomilitar y esa decisión de ponerse por encima del Estado (...) nosotros podemos colaborar con eso, nosotros somos Fuerzas Armadas. Bienvenido sea, pensando siempre en la seguridad del país", sostuvo.
González insistió en que el decreto no implica "poderes especiales", sino que otorga el respaldo jurídico necesario para actuar en otros puntos del territorio nacional que actualmente no están contemplados en decretos anteriores.
Revisión jurídica
El ministro precisó que el documento aún no fue firmado por el mandatario y que se encuentra en revisión por parte de la Dirección Jurídica de la Presidencia, a fin de garantizar su adecuación a la Constitución Nacional.
"Es cuestión de ajustar los términos porque el presidente siempre debe firmar documentos que estén avalados en la ley", indicó.
De concretarse la medida, el Gobierno ampliará la posibilidad de intervención militar en escenarios donde se detecten estructuras criminales con capacidad operativa que representen una amenaza directa al orden público y a la soberanía del Estado.