Debaten hoy sobre jubilación VIP en medio de presión social por eliminar privilegios
La presidenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Congreso, Blanca Lila Mignarro, acudirá junto a los demás miembros de la administración a un encuentro con el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, y con integrantes de la Comisión Permanente, encabezada por Colym Soroka. El objetivo formal de la reunión es analizar la situación financiera de la caja parlamentaria y explorar eventuales modificaciones al régimen de aportes y beneficios que rige para legisladores.
El encuentro se da luego de una creciente presión social que cuestiona la exclusión de la Caja Parlamentaria de las reformas previsionales impulsadas por el Ejecutivo, en momentos en que se debate con dureza la reforma de la Caja Fiscal que afecta a docentes, policías, militares y otros funcionarios públicos. Para amplios sectores de la ciudadanía, resulta inaceptable que se reclame sacrificios al resto del Estado mientras se mantienen beneficios excepcionales para una élite política.
En ese escenario, el titular del Congreso presentó una propuesta de modificación legal que busca introducir algunos ajustes al régimen parlamentario. Entre los cambios planteados figura elevar la edad de jubilación de los legisladores de 60 a 65 años, aumentar el aporte de los parlamentarios activos del 22 al 24 por ciento, incrementar el aporte de los jubilados del 12 al 14 por ciento y reducir el porcentaje de pensión del 40 al 25 por ciento. Estas medidas fueron presentadas como un gesto para atender las críticas, aunque desde la oposición y sectores sociales las calificaron de insuficientes y meramente cosméticas.
Para los críticos, estas modificaciones no eliminan la raíz del problema: la existencia de una jubilación privilegiada, financiada en gran parte por recursos públicos, que mantiene una brecha profunda frente a las condiciones que enfrentan los trabajadores comunes. En ese sentido, sostienen que cualquier reforma que no suprima la Caja Parlamentaria o la equipare plenamente al régimen general seguirá perpetuando una desigualdad estructural.
En paralelo, diputados de distintos bloques opositores impulsaron iniciativas más radicales. Los legisladores Raúl Benítez y Johanna Ortega presentaron un proyecto para eliminar directamente la Caja Parlamentaria, propuesta a la que posteriormente se sumó Alejo Ríos. Esta iniciativa generó un inmediato rechazo del cartismo y sus aliados, que cerraron filas para defender el sistema vigente.
Los datos oficiales alimentan la polémica. Desde 2005 hasta el año pasado, la jubilación parlamentaria demandó más de 34.000 millones de guaraníes de recursos públicos, mientras que para el presente ejercicio el aporte estatal fue incrementado a 4.550 millones de guaraníes. Actualmente, la Caja Parlamentaria cuenta con alrededor de 280 beneficiarios, de los cuales unos 160 son jubilados y el resto pensionados.
Pese a los cuestionamientos, desde la administración de la Caja sostienen que el sistema es financieramente sostenible. Blanca Lila Mignarro afirmó en reiteradas ocasiones que la Caja Parlamentaria tiene respaldo para funcionar con normalidad al menos hasta el período comprendido entre 2035 y 2038, y que por ese motivo no comprende la magnitud de las críticas que recibe la institución.
El debate sobre la jubilación vip se reaviva así en un momento políticamente sensible, con reformas previsionales en discusión y un creciente malestar social frente a los privilegios de la clase política. La reunión en el Senado aparece como un intento de descomprimir la presión, aunque para muchos sectores el problema de fondo sigue intacto y la discusión sobre la eliminación de la Caja Parlamentaria está lejos de cerrarse.