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El encuentro buscó evaluar la aplicación de la Ley 6628/2020 y su decreto reglamentario, con énfasis en la distribución de recursos y la regularidad de los desembolsos.
Benítez cuestionó el cumplimiento del programa al advertir que persisten reclamos de las autoridades universitarias sobre la demora en la liberación de los fondos, lo que genera incertidumbre en las casas de estudio y en los propios beneficiarios. Recordó que, aunque el objetivo de la normativa es la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, la falta de previsibilidad financiera limita su alcance.
El legislador señaló que los estudiantes habían denunciado en reiteradas ocasiones problemas con las transferencias, pero que en su momento fueron descalificados. "Se los acusó de exagerar y de mentir, sin embargo, hoy se confirma que los retrasos son reales", expresó.
El viceministro de Economía, Óscar Lovera, presente en la audiencia, admitió que existen atrasos, aunque aseguró que el Gobierno se pondrá al día en los próximos días para garantizar la continuidad del plan. Sin embargo, Benítez cuestionó que aún no se haya cumplido con la creación de una "cuenta blindada" para los recursos del programa, una promesa que había sido anunciada el año pasado y que, según dijo, ya no está vigente.
Además, el diputado adelantó que solicitarán informes tanto al Ministerio de Economía como a las universidades beneficiadas, a fin de conocer con precisión el destino de los fondos. "No basta con transferir el dinero, se necesita asegurar que todo se utilice en favor de los estudiantes y no de manera arbitraria", subrayó.
De la audiencia participaron representantes del Poder Ejecutivo, autoridades de la Universidad Nacional de Asunción y de sus filiales en el interior del país, así como dirigentes estudiantiles, quienes coincidieron en la necesidad de mayor transparencia y regularidad en la administración del programa.
