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La Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el diputado Juan Maciel (ANR-Caazapá), en audiencia pública analizó el proyecto de ley "Que modifica los artículos 7°, 8°,12, 15, 16, 17, 20, 31, 37, 38, 39, 40, y 56 de la Ley N.º 96/1992, "De Vida Silvestre".
Durante la audiencia pública, el diputado José Rodríguez (ANR-Capital), principal impulsor del proyecto, explicó que el documento actualiza la autoridad de aplicación de la ley, trasladándola desde la antigua Dirección de Parques Nacionales al actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), además de establecer nuevos controles judiciales para las acciones de inspección y control.
Modificaciones planteadas
Restricciones a la caza deportiva: La principal modificación prohíbe completamente la caza, transporte y comercialización de fauna silvestre, exceptuando, únicamente, las especies consideradas "plagas, invasoras o destructoras" que cuenten con autorización expresa.
Mayor control judicial: El proyecto exige autorización judicial previa para inspecciones, allanamientos y secuestros, limitando las facultades que, actualmente, tienen los inspectores de vida silvestre para actuar de manera autónoma.
Estudios actualizados: Se establece que los permisos de caza deben respaldarse con "estudios actualizados anuales", en contraposición al estudio de 2020 que fundamenta el actual plan nacional de caza.
El diputado Rodríguez argumentó que la ley vigente tiene más de 30 años y requiere actualización. Cuestiona la validez del estudio ambiental de 2020 que sustenta el plan de caza nacional, considerando que "ha transcurrido tiempo en exceso" para justificar la cacería de fauna nativa.
El proyecto también incorpora la aplicación de multas entre las sanciones que puede imponer directamente el Mades, manteniendo que las sanciones más severas como clausuras definitivas y comisos requieren intervención judicial.
Principales ponencias
Diego Zavala, en representación de la Asociación de Cazadores del Paraguay, indico que el problema del furtivismo es un problema gravísimo que no solo afecta la vida silvestre, sino que también la producción.
Diego Giménez, biólogo de profesión, representante a la organización Especies, alegó que, desde el lado ambiental, preocupa la manera en la que puede realizarse la cacería. "Como es legal, cada uno puede tener una óptica diferente, dar por muerto a un animal por gusto; es injusto, pero está habilitado por ley", remarcó.
Sara Pereira, representante de la Red Paraguaya de Jóvenes por la Biodiversidad, manifestó que este proyecto es bastante interesante en donde ellos creen oportuno su participación.
Cristhian Robejer, representante de la Asociación Rural del Paraguay, expuso como productor, que en el distrito de Rojas Silva, son testigos de cómo los cazadores en ciertas temporadas ingresan, se instalan y acampan en propiedades privadas. "Debe respetarse la propiedad privada, la producción; básicamente nosotros los productores somos los únicos custodios de la vida silvestre en el chaco", sentenció.
Víctor Barreto, asesor legal del Senacsa, dijo que como institución "reafirmamos nuestro compromiso hacia el sector silvestre y trabajamos, arduamente, para conseguir las modificaciones de esta ley".
El legislador proyectista anuncio que, próximamente, organizará una mesa técnica con el MADES, junto con las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la de Agricultura y Ganadería para avanzar y analizar los planteamientos realizados para mejorar la redacción del proyecto.
Asistieron a la audiencia pública: técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades); Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa); Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Instituto Forestal Nacional (Infona); Asociación Rural del Paraguay (ARP); Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS); Ministerio Público; Asociación de Cazadores Deportivos del Paraguay; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Facultada de Ciencias Veterinarias; Itaipú Binacional; y Entidad Binacional Yacyretá.
