PolíticaTribunal de Calificaciones
La Policía Nacional resolvió la baja de 48 de sus miembros durante la última sesión del Tribunal de Calificaciones, en lo que constituye una de las depuraciones más amplias de los últimos años. La nómina incluye a cuatro oficiales, un cadete y 43 suboficiales, varios de ellos implicados en graves hechos delictivos.
Entre los casos más relevantes figuran los oficiales Luis Colmán Pérez, Ramón García Blanco y Saturnino Rojas Salinas, junto con los suboficiales Carlos Aquino Morel, Pedro Blanco González y Richard Rojas Vera, detenidos en agosto de 2023 tras el rapto de un presunto traficante en Luque, a quien habrían robado 50 kilos de cocaína.
Este episodio fue el primer gran escándalo de corrupción del actual comandante Carlos Benítez. En su momento, el ministro del Interior, Enrique Riera, había adelantado que los responsables serían castigados de manera ejemplar.
También fueron expulsados los suboficiales Valvino Melgarejo Galeano y Julio Brítez Recalde, dos de los cuatro policías aprehendidos en enero de este año por personal de la Armada en la colonia Guadalupe, Canindeyú, cuando transportaban una carga de marihuana.
La lista incluye igualmente al suboficial José Peralta Martínez, apresado en octubre de 2017 en Ciudad del Este por integrar una red de narcotráfico y condenado en 2020 a 16 años de prisión. A pesar de llevar ya la mitad de la pena cumplida, su baja recién se formaliza ahora.
Otros dos uniformados que saldrán de la institución son los hermanos Miguel y Bonifacio Britos, detenidos en septiembre de 2024 en Brasil, donde presuntamente escoltaban un cargamento de marihuana y cigarrillos electrónicos.
Entre los expulsados destaca además el suboficial Gustavo Florentín Silva, condenado a 24 años por el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana durante los sucesos del #31M. Florentín había sido recapturado en febrero de este año en Areguá por nuevos hechos de asalto y narcotráfico.
En la nómina también figuran el oficial Luis Reyes y el suboficial Juan Cabrera, quienes en julio de 2022 en Asunción plantaron cocaína a un conductor de Bolt y luego lo obligaron a pagar G. 10 millones para liberarlo.
La resolución incluye además episodios que, aunque de menor impacto mediático, revelan un patrón de reiterada conducta delictiva dentro de la fuerza
