Crece la expectativa por eventual sentencia en el caso Erico Galeano
La jornada del lunes marcó un momento determinante en el juicio oral y público que enfrenta el senador colorado cartista Erico Galeano Segovia, acusado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal en el marco de la causa A Ultranza PY. El proceso avanzó con la presentación de los alegatos finales de la defensa, etapa que coloca al caso en su tramo decisivo, aunque finalmente no se dictó sentencia ese día, como se había especulado en distintos sectores.
La audiencia se reanudó el lunes por la mañana y la defensa del legislador expuso sus conclusiones ante el Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado. Los abogados insistieron en la absolución de su defendido, argumentando que el Ministerio Público no logró acreditar con pruebas suficientes la comisión de los hechos atribuidos. Sostuvieron que la acusación carece de sustento probatorio sólido y que durante el juicio no se demostró un vínculo directo entre Galeano y la estructura criminal investigada.
La Fiscalía, por su parte, ya había solicitado en sus alegatos una condena de 17 años de prisión y la aplicación de la prisión preventiva, al sostener que el senador habría brindado apoyo logístico a una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Según la acusación, Galeano habría facilitado la aeronave con matrícula ZP-BHQ para el traslado interno de presuntos líderes del esquema, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", y Sebastián Marset. Asimismo, el Ministerio Público planteó que la conducta atribuida al legislador afectó la imagen institucional del Congreso y del país.
Entre los elementos mencionados durante el juicio se encuentra el hallazgo de una factura de la ANDE a nombre del senador en una vivienda del condominio Aqua Village, en Altos, inmueble que, según la hipótesis fiscal, habría sido utilizado por integrantes del esquema criminal. Galeano presentó un contrato privado de compraventa en el que consta que en octubre de 2020 transfirió la propiedad por un millón de dólares en efectivo a Hugo González Ramos, actualmente prófugo. Para la Fiscalía, esa operación habría sido simulada y el comprador actuaría como supuesto testaferro de Insfrán, quien sería el verdadero beneficiario.
Tras la exposición de la defensa, aún restan etapas procesales antes de que el Tribunal pueda deliberar y emitir su fallo. Corresponde la réplica del Ministerio Público, la eventual dúplica de la defensa y las palabras finales del acusado, pasos formales que deben cumplirse antes de que los jueces pasen a deliberar. Aunque durante el lunes se manejó la posibilidad de que el veredicto pudiera conocerse ese mismo día, finalmente no hubo sentencia y hasta el momento no se comunicó oficialmente una fecha exacta para la continuación de la audiencia.
En este escenario, crece la expectativa en el ámbito político y judicial ante la posibilidad de que la resolución se conozca en los próximos días, una vez concluidas las etapas pendientes. El caso es seguido de cerca por su impacto institucional y por tratarse de uno de los procesos más relevantes derivados de la operación A Ultranza PY, considerada una de las mayores investigaciones contra el narcotráfico en el país. Mientras tanto, el juicio permanece abierto y la definición sobre la responsabilidad penal del senador sigue en manos del Tribunal.