PolíticaPor una cuestión constitucional
La Cámara de Diputados resolvió este martes 8 de julio archivar el proyecto de ley que habilitaba el uso de la fuerza letal en última instancia contra aeronaves ilegales o sospechosas de transportar drogas. La decisión se dio con 45 votos en contra y apenas 11 a favor, gracias al respaldo cerrado del oficialismo cartista y aliados, y dejó sin efecto una propuesta que buscaba implementar la "fase III" en la lucha contra los vuelos del narcotráfico.
La medida fue duramente criticada por sectores de la oposición, que sostienen que la decisión responde más a una protección política al esquema narco que a una preocupación real por la seguridad jurídica o los derechos humanos.
El argumento oficialista: "Ya tenemos una ley suficiente"
El ministro de Defensa, Óscar González, y el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, se encargaron de marcar la línea del Ejecutivo: no se necesita una ley de derribo, porque la normativa actual ya permite actuar frente a aeronaves ilegales, incluso con el uso progresivo de la fuerza.
"Debemos ceñirnos al marco del derecho internacional y a nuestra Constitución", argumentó Latorre, en sintonía con la postura de la Fuerza Aérea, que recientemente fue equipada con aviones A-29 Súper Tucano, cuya utilización letal está sujeta a estrictas licencias internacionales.
Críticas desde la oposición: "Van a ser solo espantapájaros"
El diputado liberal Diosnel Aguilera calificó como absurda la decisión y cuestionó que el Estado haya invertido millones de dólares en aviones de combate que, sin autorización para disparar, no servirán de nada.
"Los Tucano van a ser simplemente espantapájaros. No se podrá derribar ni una sola narcoavioneta, aunque esté identificada, si no tenemos una ley que lo permita", dijo. A su vez, Rubén Rubín, autor del proyecto, insistió en que la medida no habilitaba ejecuciones arbitrarias, sino una fase final de defensa, luego de las advertencias y protocolos establecidos.
"Meterle bala al crimen organizado es lo que necesita este país. Pero acá prefieren no tocar los intereses que protegen a los narcos desde adentro del poder", expresó.
El debate legal y el miedo a sanciones externas
Desde el oficialismo, varios legisladores insistieron en los riesgos de sanciones o cancelación de licencias si Paraguay habilitaba el uso de la fuerza sin garantías jurídicas adecuadas. El diputado Mauricio Espínola, por ejemplo, recordó que Estados Unidos, proveedor de los Tucano, impone cláusulas estrictas para el uso del armamento, y que la aprobación de una ley de derribo podría violar esos acuerdos.
El cartista Santiago Benítez también advirtió que un derribo sin proceso judicial podría ser considerado un homicidio extrajudicial, violando principios constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a la vida.
Senador Nakayama presenta una alternativa
Horas después del rechazo en Diputados, el senador independiente Eduardo Nakayama presentó una nueva versión del proyecto, con ajustes inspirados en la legislación brasileña, que establece un protocolo estricto para derribar aeronaves sospechosas solo como último recurso.
Nakayama aseguró que Paraguay está entre los países con más pistas clandestinas del mundo, y que sin una herramienta legal clara para neutralizar a las narcoavionetas, el país seguirá siendo un corredor libre para el tráfico aéreo ilícito.
"La excusa de los derechos humanos no puede servir para proteger a las mafias que nos están ganando la guerra aérea", advirtió.
Qué está en juego: soberanía o parálisis estatal
El rechazo del proyecto dejó en evidencia la profunda grieta entre quienes apuestan por una política de defensa firme y quienes priorizan una interpretación garantista de la Constitución. Para los críticos, la decisión fue una claudicación del Estado ante las organizaciones criminales que dominan los cielos del norte del país.
El proyecto ahora pasará a un segundo plano en Diputados, pero el Senado podría reactivar el debate en las próximas semanas si logra unificar posturas y redactar un nuevo texto con consenso político.
Mientras tanto, la lucha contra el narcotráfico aéreo seguirá limitada a interceptaciones y advertencias, sin margen legal para actuar con contundencia cuando las aeronaves violen la soberanía paraguaya.
