La Corte Suprema de Justicia confirmó la desestimación de la denuncia contra el exdiputado Orlando Arévalo (ANR), y contra el expresidente del Consejo de la Magistrada, Óscar Paciello. La denuncia había sido presentada por la exfiscal Casse Giménez, ante supuestas irregularidades en el título de abogado de Arévalo.
La Sala Penal no admitió la casación planteada por los abogados de Giménez, contra el fallo de la Cámara de Apelación que confirmó la desestimación de la denuncia en cuestión. En la misma causa, fue imputado y posteriormente acusado el senador Hernán Rivas (ANR), por hechos relacionados a su título de abogado.
En cuanto a la denuncia desestimada, esta refería que Arévalo habría obtenido su título de abogado de la Universidad Leonardo Da Vinci en el 2014, sin haber cumplido con la malla curricular de la carrera, ocupando el cargo de presidente del JEM sin reunir los requisitos constitucionales.

Por su parte, mencionaba que entre los meses de septiembre y octubre del año pasado, Paciello habría utilizado su posición como presidente del Consejo y como parte del JEM, para presionar a ciertos magistrados con el fin de obtener resoluciones favorables para los abogados que apoyaron su campaña, y así reunir los votos necesarios para ser reelegido como representante del gremio de abogados ante el Consejo.
Sin embargo, la fiscal adjunta Rivarola refirió en su ratificación del pedido de desestimación que se recabaron una serie de informes, como ser documentos del Ministerio de Educación y de la Universidad Leonardo Da Vinci. Entre ellos, el registro de asistencias y de títulos, el origen de la universidad como también la inscripción de Arévalo como abogado ante la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, declaraciones testificales, entre otros.
La fiscal Sánchez pidió la desestimación al considerar que los hechos denunciados contra Arévalo no se encuadran a los tipos penales tipificados en el escrito de la denuncia. Respecto a Paciello, indicó que no existen indicios fácticos suficientes sobre la existencia de un hecho punible, por lo que no corresponde iniciar una investigación.