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La medida, según el pleno, se ajusta a los requisitos establecidos por la Constitución Nacional.
Durante la reunión, el ministro Alberto Martínez Simón presentó el listado de las 40 personas alcanzadas por la decisión. Entre los jueces de Asunción figuran Juan Carlos Zárate, Cynthia Lovera, Carlos Hermosilla, Guillermo Trovato, Elvira Franco y Dina Marchuk. "Se verificó en la Secretaría General que los funcionarios cumplieron con los requisitos constitucionales y pueden ser declarados inamovibles hasta los 75 años", explicó Martínez Simón ante sus colegas.
También fueron incluidos los fiscales María Luján Estigarribia, Natalia Fuster, Fabiola Molas, Manuel Doldán, María José Abed y Roberto Zacarías, así como los defensores públicos Iris Páez González, Lici Bogado y Sandra Gallinar, quienes obtuvieron la estabilidad al reunir las condiciones previstas por la ley. En consecuencia, la Corte dispuso comunicar al Consejo de la Magistratura que no convoque nuevos concursos para esos cargos.
En otro punto, el ministro Gustavo Santander informó sobre la implementación experimental de una nueva plataforma digital en la Sala Constitucional para el seguimiento de expedientes. Desarrollado por técnicos del propio Poder Judicial, el sistema busca reemplazar el antiguo mecanismo de registro y permitir que abogados puedan conocer, en tiempo real, la etapa procesal en la que se encuentra cada causa. Desde su puesta en marcha se cargaron seis expedientes en setiembre, treinta en octubre y sesenta y seis en noviembre. Aunque de momento no se permite presentar escritos a través del sistema, se destacó que la herramienta busca "transparentar el proceso" y facilitar el control ciudadano. "Presentar una acción de inconstitucionalidad era como lanzarla a un agujero negro", recordó Santander citando una expresión del ministro Eugenio Jiménez al referirse a la falta de trazabilidad de los expedientes en el pasado.
La ministra Carolina Llanes, por su parte, dio a conocer los datos de productividad del fuero de la Niñez y Adolescencia entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2025. En ese periodo ingresaron 56.567 expedientes, se dictaron 72.386 sentencias y 241.768 autos interlocutorios, además de registrarse más de un millón y medio de cédulas de notificación. En los tribunales de apelación se tramitaron 15.346 causas, con más de 20.000 autos interlocutorios y más de 3.000 acuerdos y sentencias. En el departamento de Canindeyú, las resoluciones judiciales alcanzaron 1.653 solo en octubre, superando ampliamente la previsión mensual.
Finalmente, Martínez Simón anunció que el proceso de digitalización de expedientes alcanzó el 100% en los tribunales de apelación y en los juzgados de primera instancia de todo el país. El siguiente paso será extenderlo a los más de 300 juzgados de Paz. Según el ministro, la medida no solo optimiza el trabajo judicial, sino que también tiene un impacto ambiental significativo: el uso de papel se redujo de 19.637 kilos en 2020 a 10.962 kilos en 2025, una disminución del 44,17%. Esto equivale a evitar la tala de más de 120 árboles y un ahorro de miles de litros de agua, conforme a los estándares de producción de papel.
