PolíticaPolémico operativo
El Gobierno lanzó el operativo denominado "Jejoko Mbarete", que incluyó el despliegue de unos 500 militares para reforzar los controles en puntos estratégicos de frontera. El ministro de Defensa, Óscar González, informó que los primeros resultados se dieron en el Chaco, con la incautación de 8.800 kilos de cebolla en Infante Rivarola, alcanzando un total de 90.000 kilos retenidos en la región. La medida marcó la primera participación simultánea del Ejército y la Fuerza Aérea en una operación de control económico.
En paralelo, la DNIT desarrolló intervenciones en todo el país con el objetivo de frenar el ingreso ilegal de productos frutihortícolas. Sin embargo, varios procedimientos afectaron a productores nacionales que contaban con documentación, lo que desató fuertes críticas y reclamos de daños económicos.
El caso que desbordó: la finca chaqueña de la familia Hiebert
El detonante de la crisis fue el operativo realizado en la finca "Última Esperanza", ubicada en Picada 500, departamento de Boquerón, propiedad de la familia Hiebert. Los agentes de la DNIT, acompañados por funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), fiscales y efectivos policiales, incautaron miles de bolsas de cebolla listas para el mercado interno.
Herbert Hiebert, productor afectado, denunció que toda la carga provenía de su finca y que las bolsas con inscripciones extranjeras solo se utilizaban para contener los residuos o las cebollas de menor calidad. Su hijo, Gian Rick Hiebert, también se pronunció en redes sociales, afirmando que la intervención fue "una humillación innecesaria" para una familia que produce de manera formal.
El senador Orlando Penner, representante de Boquerón, visitó personalmente la finca junto al presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), Héctor Cristaldo. Ambos afirmaron que la producción incautada era nacional y denunciaron la existencia de un despliegue desmedido e injustificado. "Se está golpeando a los que trabajan dentro de la ley, mientras los grandes contrabandistas siguen impunes", expresó Penner en declaraciones posteriores.
Quiénes hablaron desde la DNIT y qué admitieron
En respuesta a las críticas, la DNIT convocó a una reunión con productores y representantes gremiales. El encuentro fue encabezado por Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la DNIT, quien aseguró que los productores "son aliados estratégicos" en la lucha contra el contrabando y reconoció que la institución debe "simplificar los procesos" y evitar la excesiva exposición mediática de sus procedimientos.
Ferreira estuvo acompañado por Juan Olmedo, gerente general de Aduanas; Roque González, director de Gabinete; y Luis Villalba, director general de Prevención de Contrabando. El director nacional de la DNIT, Óscar Orué, no participó por encontrarse de permiso. Durante la reunión se informó que en el caso de la cebolla chaqueña se devolvieron 1.600 bolsas al productor Hiebert y que otras 2.600 continúan en proceso de revisión dentro de un sumario administrativo.
Legisladores que salieron al cruce y qué reclamaron
Las críticas políticas no tardaron en llegar. En la Cámara de Diputados, Francisco Petersen, representante de Boquerón, calificó de "injusticia" lo ocurrido con Herbert Hiebert y exigió que la DNIT asuma los daños ocasionados. En el Senado, Mario Varela cuestionó otro procedimiento llevado a cabo por la institución en el mercado municipal de Coronel Oviedo, donde fueron intervenidos pequeños vendedores de gallinas y huevos.
El legislador calificó el operativo de "desproporcionado" y reclamó que el foco se dirija hacia los verdaderos contrabandistas, no hacia los trabajadores humildes. "No se puede enviar escopeteros a un mercado local. Esa no es la forma de combatir el contrabando", manifestó durante una sesión ordinaria.
Productores en la calle y mesa de diálogo forzada
La presión social creció en los días posteriores. Integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), encabezados por su dirigente Marcial Gómez, realizaron una manifestación frente a la sede central de la DNIT en Asunción. Gómez denunció que existe "una política de persecución al pequeño productor" y exigió que los controles se concentren en las fronteras, donde realmente operan las mafias del contrabando.
Tras la protesta, la DNIT y la FNC acordaron conformar una mesa de trabajo para revisar los procedimientos y buscar mecanismos de formalización que no perjudiquen a los pequeños productores. Ferreira anunció que la institución realizará visitas al interior del país y fortalecerá la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SENAVE, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.
Impacto y próximos pasos
El megaoperativo "Jejoko Mbarete" pretendía ser una demostración de fuerza del Gobierno en la lucha contra el contrabando, pero terminó abriendo un frente interno de conflicto con los propios productores nacionales. Los decomisos en fincas locales y en mercados del interior del país encendieron el debate sobre el límite entre control y persecución, y dejaron al descubierto la fragilidad institucional de los procedimientos.
El propio Braulio Ferreira reconoció que la DNIT necesita mejorar la forma en que ejecuta los operativos y que "el objetivo no es castigar al que produce, sino identificar a quienes utilizan la informalidad como fachada para el contrabando". Sin embargo, las declaraciones no bastaron para calmar el descontento entre los afectados.
Mientras los controles militares y aduaneros continúan activos en el marco del plan nacional, la tensión entre la DNIT y el sector productivo sigue en aumento. Productores del Chaco y del interior advirtieron que si los decomisos injustificados persisten, se movilizarán nuevamente para exigir garantías al Gobierno.
El operativo "Jejoko Mbarete", que nació con el propósito de frenar el contrabando, podría terminar debilitando la relación entre el Estado y los sectores que realmente sostienen la producción nacional, si no se diferencia con claridad a los verdaderos infractores de quienes trabajan dentro de la ley.
