Tras denuncia de senador

Contraloría iniciará investigación sobre declaraciones juradas del comandante de la Policía

El procedimiento busca determinar la consistencia entre los ingresos y el patrimonio de Carlos Benítez, tras denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. El análisis incluirá también a su esposa.
Contraloría revisará patrimonio del comandante de la Policía desde 1994. Foto: X.

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que iniciará un examen de correspondencia a las declaraciones juradas del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, con el objetivo de verificar la coherencia entre sus ingresos, egresos y su patrimonio declarado, esto tras la denuncia realizada por el senador Carlos Núñez Agüero, quien lo denunció por enriquecimiento ilícito.

Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, confirmó que, por instrucciones del contralor Camilo Benítez, hoy mismo están iniciando el examen de correspondencia del comandante Carlos Benítez.

"Se están preparando las notas de circularización que vamos a enviar a una veintena de instituciones para recabar información, analizar y evaluar el patrimonio del comandante y de su señora, ya que están casados sin separación de bienes, seguramente entre esta semana y la otra van a salir todas las notas, ya se pidió las declaraciones juradas para que se analice", comentó Torres, en un contacto con la 730 AM.

Algunas de las instituciones consultadas son: Registros Públicos, Registro de Automotores, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para verificar las declaraciones juradas impositivas, la Superintendencia de Bancos para ver el movimiento financiero como depósitos, préstamos, etc. Además, una evaluación satelital de la casa para revisar si hubo mejoras, modificaciones, en qué año se construyó y si los planos están aprobados.

"Todo se evalúa, el crecimiento patrimonial desde el ingresos, la primera que tenemos de él es de 1994, desde esa época se va a evaluar el patrimonio y dictaminar hasta la última declaración, si bien podemos pedir informe, no podemos dictaminar por la falta de otra declaración jurada", detalló Torres.

Las instituciones tienen 10 días hábiles para contestar los pedidos, sin embargo, en muchos casos no responden en ese plazo, dependiendo del volumen de contenido solicitado. En ocasiones piden una prórroga o también sucede que envían la respuesta de forma parcial.