La Contraloría General de la República solicitó informes a las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá sobre la situación presupuestaria, financiera y de ejecución de recursos de los años 2019/20. Entre los pedidos se encuentran detalles de las instituciones que fueron beneficiadas con los fondos sociales.
Esta situación fue confirmada por el subcontralor Augusto Paiva durante un contacto telefónico que mantuvo con la radioemisora 1000 AM. El miércoles la institución contralora elevó a ambas entidades la comunicación de la designación de los equipos conformados para auditar los fondos socioambientales. En ese contexto, la Contraloría solicitó de entrada la remisión de la copia del presupuesto aprobado del ejercicio fiscal 2019-2020 y las copias del reglamento del programa de becas.
“Esas solicitudes fueron remitidas para que las entidades respondan en un plazo de 5 días sobre la situación académica, rendición de cuentas de entidades beneficiadas ya que a veces se suscriben convenios con universidades públicas. Todo eso se pide que se envíe para poder analizar la información", declaró el segundo al mando de la Contraloría.
Con relación a la parte financiera, señaló Paiva que resulta un segmento más complejo, ya que el pedido de informe consta de 14 ítems relacionados al presupuesto anual y a la ejecución presupuestaria.
"Se pide las cuentas contables y los rubros. Listado de instituciones que recibieron recursos destinados a gastos sociales. En caso de transferencias de monedas extranjeras, que se aclare el número de cuenta y el banco. También solicitamos el objeto de las transferencias. Es todo un proceso administrativo que se realiza normalmente en auditorías a otros entes", expresó.
El equipo encargado de la auditoría financiera de la central hidroeléctrica de Itaipú está encabezado por Fabiola Grijalba, directora de Finanzas Públicas de la CGR; mientras que Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental, se encarga del equipo designado para Yacyretá.
La semana pasada, en la Cámara de Senadores se aprobó un proyecto de resolución que solicita a la Contraloría iniciar auditorías financieras de los fondos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que disponen las entidades, recursos que deben ser destinados por Ley a la Salud Pública para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
