Contraloría detecta pagos irregulares en IPS por casi G. 5.000 millones en bonificaciones
La Contraloría General de la República (CGR) detectó pagos irregulares por casi G. 5.000 millones en concepto de bonificaciones dentro del Instituto de Previsión Social (IPS), según un informe de auditoría que expone incumplimientos a la normativa vigente y debilidades en los controles internos de la institución.
El reporte señala que durante el ejercicio fiscal 2024, bajo la administración de Jorge Brítez, se realizaron desembolsos por G. 4.880 millones en beneficios adicionales, incluyendo montos que superaron los límites establecidos por ley. Solo en bonificaciones por grado académico, los pagos alcanzaron más de G. 3.471 millones, excediendo el tope permitido.
La normativa vigente fija un límite de G. 1.500.000 para este tipo de bonificaciones. Sin embargo, la auditoría constató que el IPS llegó a pagar hasta G. 1.900.000 por funcionario, incorporando beneficios por títulos de grado y posgrado que sobrepasaban el máximo legal.
A esto se suman pagos por bonificación por responsabilidad administrativa por más de G. 1.466 millones, destinados a funcionarios de alto rango sin ajustarse a las disposiciones vigentes. La Contraloría recomendó la suspensión de estos beneficios y la revisión de los criterios utilizados para su asignación.
El informe también advierte que, de un total de 29 observaciones realizadas, la mayoría presenta apenas un cumplimiento parcial, alcanzando un nivel de ejecución del 57% en las medidas correctivas sugeridas. Esto refleja, según el órgano de control, una respuesta insuficiente para corregir las irregularidades detectadas.
Las conclusiones vuelven a poner en el centro del debate la gestión administrativa del IPS, una institución que ya arrastra cuestionamientos por el manejo de sus recursos y la transparencia en el uso de fondos. En este caso, las irregularidades en bonificaciones exponen fallas estructurales en los mecanismos de control y en la aplicación de las normas internas.
El documento de la CGR deja abierta la necesidad de profundizar las auditorías y avanzar en medidas correctivas más contundentes, en un contexto donde el manejo de los recursos de la seguridad social vuelve a ser objeto de cuestionamientos públicos y políticos.