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Los procesos involucran al presidente de Petropar, Eddie Jara; a su pareja, la diputada Johana Vega; al ex diputado Orlando Arévalo y a su esposa Carolina González, actual concejala de Lambaré y precandidata a la intendencia.
Según datos oficiales, Jara y Vega presentaron sus descargos el martes 27 de enero, él durante la mañana y ella en horas de la tarde. En cambio, Arévalo y González lo hicieron recién el jueves 29 por la noche, prácticamente sobre la hora límite, cuando faltaban apenas segundos para que venza el plazo legal y la Contraloría quede habilitada a dar por ciertas las observaciones y remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Desde el organismo de control explicaron que, si bien el plazo formal vencía a las 23:59 de ese jueves, la pareja pudo completar la entrega de documentos respaldatorios al día siguiente debido a que la institución no cuenta con mesa de entrada física durante las 24 horas. Esa situación permitió que las carpetas se completen recién el viernes 30.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, indicó que los cuatro involucrados adjuntaron un volumen importante de documentos que ahora deben ser analizados y cotejados con los datos ya existentes. Señaló que el trabajo técnico se encuentra en marcha y que el objetivo es emitir un dictamen definitivo lo antes posible, aunque reconoció que la complejidad de los expedientes podría extender el plazo hasta inicios de marzo.
En el caso de Eddie Jara, la Contraloría detectó seis observaciones en sus declaraciones juradas. Una de las principales apunta al cobro de viáticos por más de cien millones de guaraníes en viajes que, según el informe preliminar, no se habrían realizado. El titular de Petropar sostuvo que sí efectuó esos desplazamientos y presentó copias de pasaportes como respaldo.
Orlando Arévalo, por su parte, acumula catorce observaciones. Entre ellas figuran la omisión de bienes inmuebles y de varios rodados. El ex diputado explicó que las viviendas cuestionadas aún se encuentran en proceso de pago y que, por ese motivo, no figuran a su nombre, mientras que los vehículos observados ya habrían sido vendidos antes de la presentación de las declaraciones.
Desde la Contraloría remarcaron que el análisis no se limita a las respuestas verbales, sino que se centra en la consistencia documental y en la verificación de datos patrimoniales. El dictamen final determinará si las explicaciones resultan suficientes o si corresponde la remisión de los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal.
El desenlace de estos casos es seguido de cerca en el ámbito político, no solo por los montos y las inconsistencias detectadas, sino también por los tiempos en los que se produjeron las presentaciones, especialmente en el expediente de Arévalo y González, marcado por una entrega realizada en el último minuto disponible.
