Por pedido del legislador Rodrigo Gamarra (ANR), la Cámara de Diputados decidió aprobar el proyecto de resolución “Que encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditorías financieras y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del Censo Nacional de Población y Viviendas del Año 2022”.
Por medio del documento se solicita a este órgano superior de control, realizar todas las acciones necesarias que sean tendientes a transparentar el uso de estos recursos.
El parlamentario proyectista argumentó que el Estado paraguayo se endeudó para financiar el censo con el principal objetivo de contar con una radiografía exacta de la situación poblacional y económica del país.
Ante esto, expresó que urge la realización de una auditoría financiera que permita conocer cada detalle de la utilización de los fondos destinados al censo.
Cabe recordar que aquel evento fue financiado a través de un préstamo de 43 millones de dólares, suscrito entre nuestro país y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Congreso aprobó un préstamo de 43 millones de dólares, suscrito entre nuestro país y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento de un censo nacional en el 2022, administrado por el INE.
Desde el día siguiente del censo centenares de familias denunciaron que los censistas nunca llegaron a sus casas, pero apareció la calcomanía en sus rejas, por lo cual se generaron muchas dudas sobre el alcance y la fiabilidad de los datos.
