Contraloría anuncia examen de correspondencia de bienes a Peña
El Contralor General, Camilo Benítez, adelantó a la radio 1020 AM, que iniciarán un examen de correspondencia de bienes, al presidente de la República, Santiago Peña Palacios, quien el pasado viernes actualizó su Declaración Jurada (DD. JJ.).
"Lo primero que tenemos que hacer es pedir informes al sistema público y privado, referente a la situación patrimonial del presidente de la República. Bolsa de Valores, joyerías, Banco Central, DNIT", expresó Benítez en los estudios de la radio.
Al ser consultado sobre posible omisiones del presidente Peña, como unos costosos rolex, que suele lucir en sus actividades sociales, expresó que el "formulario, tiene todas las casillas de lo que uno debe declarar. No dice relojes, pero dice joyas y ahí entran los relojes".
Resaltó que antes de la actualización de la DD. JJ. que presentó el jefe de Estado, el pasado viernes, no se podía hacer un examen de correspondencia, pero en estas condiciones ya es factible, atendiendo lo que está "bajo sospecha", es su crecimiento patrimonial desde que asumió como titular del Ejecutivo en 2023.
En lo que guarda relación con los plazos, señaló que dependen de "informaciones oficiales" y sobre ese punto dijo que habitualmente tardan entre 3 a 6 meses en tener todas las respuestas.
"Puede que en este caso al tratarse del presidente de la República, el presidente de la Corte, firme rápido y nos envíe toda la información, de la dirección de Registros Públicos, por ejemplo, o que los bancos envíen en 24 horas, pero lo normal es que tarde entre 3, 6 o hasta 8 meses", refirió.
Incremento patrimonial
Peña presentó la actualización de su Declaración Jurada (DD. JJ.) ante la Contraloría General de la República (CGR), donde se observa un incremento patrimonial de unos G. 1.400 millones respecto a su último reporte de bienes de 2023, cuando asumió la titularidad del Poder Ejecutivo.
Esta actualización se da tras la denuncia presentada por parlamentarios opositores ante el Ministerio Público, por supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio.
