¿Consejeros de la magistratura u operadores políticos?
La democracia es el gobierno de los iguales, donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas, la regulación de la conducta y de la convivencia misma descansan en el ordenamiento jurídico, y este es implementado por el sistema judicial que, si no funciona, no hay convivencia posible y la democracia fracasa. De aquí la importancia del Estado de Derecho, que somete a gobernantes y gobernados al orden jurídico integrante en un país, ordenamiento que depende de la aplicación de un magistrado, de la investigación de un fiscal y del juzgamiento de elecciones por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Todo esto está siendo manejado por hombres y mujeres que deben ser idóneos, independientes, éticos y que deben ostentar un alto compromiso con la Ley y con la Patria.
Uno de los grandes déficits en nuestro país es el sistema judicial y el Consejo de la Magistratura (CM) no se está justificando, en un año electoral donde se define el futuro de la República. No se controla el financiamiento político de los candidatos gremiales del derecho, ya que últimamente es una costumbre realizar millonarias campañas dentro del gremio de abogados - como en ninguna campaña de organizaciones intermedeias - para representar al Consejo. Por eso, es imperante que los organismos responsables de la defensa del sistema democrático en el Paraguay dejen de quebrantar la credibilidad del mismo, poniendo en riesgo el propio sistema electoral.
De acuerdo a la Constitución Nacional, el CM debe estar compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia; un representante del Poder Ejecutivo; un senador y un diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva; dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa; un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional (UNA), elegido por sus pares; y un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte años de funcionamiento, de las universidades privadas, elegido por sus pares.
Estos miembros gozan de iguales inmunidades que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia; los mismos deben articular acciones para garantizar transparencia y una justa representación. Sin embargo -una vez más- la credibilidad institucional parece no importar, generando distorsión de las mismas leyes internas para elegir a los candidatos.
El CM debería ser un amortiguador - y filtro a la vez - para evitar la contaminación con intereses políticos en la conformación de las ternas de magistrados, sin provechos sectoriales, los que empiezan a primar no cumpliendo su función como institución. Para integrar dos ternas -que llenarían las vacancias en la Justicia Electoral, por la jubilación de Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka-, seis candidatos debían alcanzar al menos 70 de los 100 puntos para estar en dichas ternas, pero la decisión de tres miembros de bajar puntajes a dos de los candidatos mejor posicionados que seguían en carrera hace que el proceso se vea manoseado groseramente.
Los intereses políticos están vulnerando esta institución, cuyos integrantes cuentan con altísimo rango y fueros dentro del sistema judicial. Estos permiten que cuestiones circunstanciales contaminen una función de alta responsabilidad para con la Patria, en momento clave para definir el futuro político en el Paraguay. La transparencia del proceso electoral es primordial para mantener la democracia ya muy pisoteada por los gobernantes y ahora también por el sistema judicial que, parece ser, ha dejado atrás todos sus valores.
D.D.W-S