Congreso muda oficinas y ejecuta millonarias obras con fondos de Taiwán fuera del control de Contrataciones
El paquete de obras forma parte de varias licitaciones no reguladas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y vuelve a instalar cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para ejecutar millonarios recursos sin los controles habituales.
El Congreso Nacional inició un nuevo proceso de reacondicionamiento edilicio en el sector del Senado mediante fondos provenientes de una cooperación taiwanesa que ronda los USD 460.000. La adjudicación fue otorgada a la empresa PHI SA dentro de una licitación identificada como "obras complementarias de reacondicionamiento edilicio".
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, defendió nuevamente el mecanismo utilizado para estas contrataciones y sostuvo que, al tratarse de recursos provenientes de una donación internacional, el proceso no se encuentra sometido a regulación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Afirmó además que solicitó igualmente la publicación de la información en la página institucional y aseguró que auditorías de la Contraloría no detectaron irregularidades.
Las obras contemplan una reorganización total del espacio físico destinado a las comisiones asesoras del Senado, las cuales pasarán a concentrarse en la planta baja. El proyecto también incluye la habilitación de salas de reuniones con mayor capacidad y equipamientos tecnológicos como pantallas interactivas, sistemas audiovisuales y herramientas de telecomunicación.
Mientras duren los trabajos, cuya ejecución está prevista por alrededor de siete meses, funcionarios y dependencias legislativas serán trasladados de manera temporal a un edificio ubicado sobre las calles 15 de Agosto y Presidente Franco, en el microcentro capitalino. El inmueble fue acondicionado para albergar oficinas parlamentarias y administrativas.
El alquiler del edificio demandará un gasto mensual de G. 63 millones que será cubierto con fondos propios del Congreso. En el sitio funcionarán 18 oficinas destinadas a comisiones permanentes, además de espacios administrativos, depósitos y archivos.
Según datos oficiales proporcionados por la Dirección de Recursos Físicos del Congreso, las donaciones aprobadas hasta el momento ya alcanzan aproximadamente USD 3 millones y fueron distribuidas en cinco licitaciones distintas realizadas bajo el mismo esquema no regulado.
Entre las adjudicaciones figura una millonaria contratación de USD 2,1 millones para modernización y optimización de redes, además de proyectos vinculados a instalaciones eléctricas, sistemas de videovigilancia, producción audiovisual y monitoreo interno.
El nuevo paquete de inversiones vuelve a poner bajo la lupa el uso de fondos internacionales dentro del Congreso, especialmente por tratarse de procesos que quedan fuera del alcance directo de Contrataciones Públicas y que son defendidos por la actual conducción parlamentaria como mecanismos legales y auditados.