PolíticaPolémico obelisco
La aprobación de una millonaria ampliación presupuestaria destinada a la construcción de un monumento en el Chaco encendió esta semana el malestar de la ciudadanía. El Congreso Nacional pretende levantar un obelisco de 40 metros en conmemoración a la Paz del Chaco, utilizando para ello fondos públicos por un valor total de G. 4.280 millones. La iniciativa no solo desató críticas por su falta de pertinencia en un país con múltiples carencias sociales, sino que también evidenció una peligrosa extralimitación de funciones por parte de los legisladores, quienes avanzan con proyectos que escapan completamente de su competencia técnica y constitucional.
Obras sin sustento técnico ni consulta ciudadana
La iniciativa fue impulsada desde la Comisión de Puesta en Valor del Senado, encabezada por el senador Colym Soroka, y defendida por el titular del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez. Según los documentos oficiales, el plan contempla, además del monumento, la refacción del Centro Cultural El Cabildo y la compra de equipos de transporte. Pero lo que más llamó la atención es que toda la ejecución, incluyendo diseño y construcción del obelisco, se realizaría directamente desde el ámbito legislativo, sin intervención del Ministerio de Obras Públicas ni de entes técnicos en urbanismo o desarrollo territorial.
Esta situación es particularmente alarmante, ya que la realización de una obra de esa envergadura exige estudios técnicos especializados, planificación urbanística, concurso público y participación ciudadana. Ninguna de estas condiciones ha sido mínimamente mencionada en el proyecto aprobado. Por el contrario, los legisladores actuaron como si el Congreso fuese una unidad ejecutora de obras civiles, usurpando funciones que corresponden a organismos del Ejecutivo y a profesionales del área.
Diputados se desmarcan, pero la descoordinación es evidente
En la Cámara Baja, la Mesa Directiva manifestó su rechazo a la construcción del monumento. Incluso propusieron redireccionar los fondos a instituciones como la Secretaría Nacional de Cultura o Senatur, con el fin de recuperar otros símbolos históricos del país. El diputado Hugo Meza fue enfático: "No podemos estar tan alejados de la ciudadanía como para construir un obelisco que no sé a quién le va a servir".
Este desacuerdo entre cámaras deja en evidencia la falta de coordinación institucional y la carencia de un debate serio sobre las prioridades nacionales. Mientras tanto, la imagen que se proyecta es la de un Poder Legislativo improvisando, aprobando obras a dedo, sin criterio técnico, y desatendiendo sus verdaderas responsabilidades: legislar, fiscalizar, controlar y representar.
Un contraste ofensivo frente a la realidad del país
Lo que más irrita a la ciudadanía es el contraste brutal entre el lujo de un obelisco y las condiciones de abandono en las que viven millones de paraguayos. En departamentos como Presidente Hayes, los alumnos siguen recibiendo clases bajo árboles, sin aulas dignas ni infraestructura básica. Excombatientes del Chaco, a quienes se dice homenajear con este monumento, continúan esperando una mejora en sus pensiones, mientras sus expedientes se empolvan en los cajones del Congreso.
En paralelo, hay proyectos de ley vitales para el desarrollo social y económico del país que siguen postergados, ignorados, o cajoneados por la propia clase política. La falta de interés por legislar en áreas como salud, educación, vivienda o seguridad pública contrasta con la celeridad con la que se aprueban gastos millonarios para obras simbólicas que no resuelven absolutamente nada.
El Congreso como gestor de monumentos: una peligrosa distorsión institucional
El Congreso Nacional no fue diseñado para ejecutar obras de infraestructura ni para definir proyectos de urbanismo o patrimonio artístico. Esa función recae en el Ejecutivo, a través de sus ministerios técnicos, que deben trabajar con planificación, criterios profesionales, y mecanismos de control. La construcción de un monumento es una decisión compleja, que implica pensar el espacio público, los impactos urbanos, los valores simbólicos y el interés general.
Que un grupo de legisladores decida unilateralmente levantar un obelisco, sin diálogo ni consulta, representa no solo una burla a las necesidades reales del país, sino una distorsión institucional muy peligrosa. Significa avanzar hacia un modelo de poder donde los parlamentarios no solo legislan, sino que también diseñan, construyen, contratan, y manejan recursos públicos a discreción, sin filtros ni controles adecuados.
