PolíticaInforme final de intervención
El interventor Carlos Pereira presentó el informe final de la intervención a la Municipalidad de Asunción, en cumplimiento del Decreto N° 4059 de junio de 2025. El documento, de más de 150 páginas y numerosos anexos, describe un panorama de descontrol administrativo, deudas millonarias, irregularidades jurídicas y anomalías en la nómina de funcionarios. Además, recoge denuncias que ya fueron remitidas al Ministerio Público y recomendaciones para una reestructuración profunda de la comuna capitalina.
Un corte administrativo con deudas millonarias
Según el corte administrativo al 31 de mayo de 2025, la Municipalidad de Asunción arrastraba deudas por G. 61.968.434.174 en concepto de salarios atrasados, jubilaciones no transferidas, compromisos financieros y otras obligaciones.
En el detalle, se registraban acreencias salariales por G. 15.808.320.300, retenciones no remitidas a la Caja de Jubilaciones por G. 13.404.320.008 y obligaciones pendientes de transferencias a recursos humanos por G. 2.104.972.110.
A estas cifras se suma el vencimiento del Bono G8 Serie 1 por G. 15.123.452.055, correspondiente al 27 de mayo de 2025, lo que agravó aún más la situación de liquidez. El informe revela también deudas en servicios personales, bienes de consumo, inversión física y aportes varios, que en conjunto configuraban un cuadro de grave fragilidad financiera.
Gestión jurídica bajo sospecha
Uno de los apartados más delicados del informe se refiere al área jurídica. La intervención identificó lo que denominó "patrones anómalos" en la gestión de cobranzas judiciales. Se comprobó que un reducido grupo de abogados externos, junto con una funcionaria interna, concentraban procesos judiciales por cifras astronómicas.
La cartera total reclamada por la Municipalidad ascendía a G. 822.326.312.912. De este total, se aisló una "cartera de riesgo recurrente" de G. 154.818.260.377, manejada de manera concentrada por pocos profesionales.
El caso más llamativo fue el de la funcionaria Deisy Yohana Balbuena Prieto, quien en su doble carácter de empleada municipal y abogada externa aparecía como demandante en juicios que totalizan G. 45.826.266.000. Por su parte, el abogado Andrés Gustavo Simón Flecha acumulaba 31 juicios con una cartera de G. 80.230.437.665.
El informe denuncia que varios abogados no rindieron informes sobre el estado de los procesos, lo que configura un escenario de opacidad y riesgo patrimonial. Además, se constató que existía un procedimiento anterior por el cual los contribuyentes debían pagar honorarios a abogados externos antes de poder regularizar sus tributos, mecanismo que fue eliminado durante la intervención por ser considerado arbitrario y perjudicial para las arcas municipales.
Recursos humanos inflados y cargos duplicados
El área de Recursos Humanos fue otro de los ejes que reveló graves irregularidades. Según el anexo de personal del ejercicio 2025, aprobado por Ordenanza N° 157/2024, la Municipalidad contaba con 9.257 cargos presupuestados y 9.007 personas, de las cuales 97 tenían más de un puesto asignado.
La distribución era la siguiente: 3.678 nombrados, 4.505 jornaleros, 939 contratados y 135 funcionarios a honorarios. Sin embargo, se encontraron múltiples casos de duplicidad, como el del funcionario Carlos Teódulo Flores Vázquez, quien figuraba con dos puestos docentes en el Instituto Municipal de Arte. También se constató que Gregorio Colmán Ojeda tenía tres cargos en la misma dependencia.
Ejemplos similares se repiten en el Instituto Municipal de Arte, el Teatro Municipal, el Centro Paraguayo Japonés y dependencias de CODENI. Hubo incluso funcionarios con hasta cuatro cargos presupuestados, lo que inflaba artificialmente la nómina y generaba distorsiones en el gasto salarial.
El informe advierte que la práctica de asignar montos globales para contratados, jornaleros y honorarios, sin una correspondencia clara con cargos específicos, otorgaba discrecionalidad absoluta al intendente para designaciones y recategorizaciones. Este esquema permitió el uso político de la estructura y la proliferación de casos de planillerismo.
Otras irregularidades y denuncias
El documento dedica un apartado a cuestiones de diversa índole que también preocupan. Se mencionan problemas en el estacionamiento controlado, deterioro del Mercado 4, irregularidades en la fijación de precios de servicios y deficiencias en los sistemas informáticos municipales.
Se señalan también incumplimientos en la presentación de informes cuatrimestrales de rendición de cuentas, así como deudas financieras pendientes con bancos y proveedores.
Ante varios de estos hallazgos, la intervención resolvió remitir denuncias al Ministerio Público para que se investiguen eventuales delitos administrativos y hechos de corrupción.
Recomendaciones finales
El interventor Carlos Pereira concluyó su informe recomendando una auditoría procesal y de gestión profunda sobre la cartera judicial y extrajudicial de la Municipalidad, con acompañamiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General.
Sugirió además una reestructuración integral de la Dirección Jurídica, la depuración de la nómina de funcionarios para eliminar duplicidades, y la modernización del sistema de cobranza de impuestos, mediante la creación de un encargo fiduciario con bancos para agilizar la recuperación de tributos.
El informe final subraya que el desorden detectado no es coyuntural, sino producto de años de malas prácticas administrativas, discrecionalidad política y falta de transparencia, factores que llevaron a la capital a una de las peores crisis financieras e institucionales de su historia.
