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Con la decisión, Samudio deberá cumplir 4 años de prisión por lesión de confianza, mientras que Costa Perdomo fue condenado a 3 años y 9 meses de cárcel como cómplice.
La resolución fue adoptada luego de que la Sala Penal rechazara el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa de la ex titular de Petropar y su esposo, cerrando así la última instancia ordinaria que buscaba revertir la sentencia dictada en abril de 2024 y posteriormente ratificada por el Tribunal de Apelación.
El caso se originó en plena emergencia sanitaria, cuando Petropar realizó compras irregulares de agua tónica, insumos médicos y productos de bioseguridad a través de la firma Solumedic SA. Según la acusación del Ministerio Público, varias mercaderías nunca ingresaron a la petrolera estatal, pese a haberse desembolsado millonarios pagos. La Fiscalía sostuvo que el esquema generó un perjuicio patrimonial superior a G. 359 millones para la institución pública.
Durante el juicio oral, los fiscales Silvio Corbeta y Francisco Cabrera argumentaron que Samudio utilizó el contexto de urgencia sanitaria para concretar adquisiciones irregulares que terminaron beneficiando económicamente al entorno vinculado a su esposo. El Tribunal de Sentencia integrado por Gloria Hermosa, Alba González y Darío Báez concluyó de manera unánime que existió lesión de confianza y condenó a la pareja.
Posteriormente, el Tribunal de Apelación confirmó íntegramente las penas y llegó incluso a calificar el caso como una "detestable acción de corrupción pública", señalando que el daño patrimonial ya se había consumado al momento del desembolso de fondos estatales, independientemente de devoluciones posteriores realizadas tras el escándalo mediático.
La causa del "Agua Tónica" se convirtió en uno de los símbolos de las investigaciones sobre supuestos negociados y sobrefacturaciones durante la pandemia, junto con otros procesos abiertos por compras estatales cuestionadas en distintas instituciones públicas. La ratificación de la condena por parte de la Corte representa uno de los fallos más relevantes vinculados a hechos de corrupción cometidos durante la crisis sanitaria.
