Condena firme para Justo Cárdenas: Corte sella pena de 7 años por enriquecimiento ilícito y lavado
La resolución también habilita la ejecución del comiso de bienes vinculados al caso y marca el cierre judicial de uno de los procesos por corrupción más resonantes que involucraron a un ex alto funcionario.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal al declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de Cárdenas contra la resolución que ya había confirmado su condena en instancias anteriores. Con ese pronunciamiento, la máxima instancia judicial ratificó la sentencia que elevó la pena a siete años y deja al ex presidente del Indert sin margen para evitar el cumplimiento efectivo de la cárcel.
El proceso tuvo varias etapas antes de llegar a este punto. En un primer juicio, Cárdenas había sido condenado a cuatro años de prisión luego de que se concluyera que incurrió en enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo, esa pena fue posteriormente revisada y aumentada por un tribunal de apelación, que consideró insuficiente la fundamentación empleada al momento de fijar la sanción inicial. Desde entonces, la defensa intentó revertir esa decisión, pero finalmente la Corte cerró el camino.
El caso giró en torno a la imposibilidad de justificar una suma superior a G. 4.113 millones, monto que el ex funcionario y su entorno no lograron explicar de forma satisfactoria como parte de sus egresos. Esa diferencia patrimonial fue uno de los elementos centrales que sostuvieron la acusación y luego la condena en sede judicial.
Durante el trámite de la causa, Cárdenas ya había estado privado de libertad. Pasó por prisión preventiva entre diciembre de 2018 y agosto de 2019, y luego siguió bajo arresto domiciliario durante un tiempo. Más adelante, cuando fue sentenciado, se dispuso que permaneciera en libertad hasta que el fallo quedara firme. Con la resolución ahora dictada por la Corte, esa situación cambia y deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario.
Los abogados defensores habían cuestionado la resolución del tribunal de alzada alegando falta de fundamentación, pero la Sala Penal consideró que no expusieron de manera concreta cuál era el error o vicio que invalidaba lo resuelto. Según el análisis de los ministros, la sentencia impugnada explicó con claridad las razones fácticas y jurídicas de la condena, ajustándose a los principios de legalidad, razonabilidad y congruencia.
La causa contra el ex titular del Indert también alcanzó a sus tres hijos, quienes fueron acusados por supuesto lavado de dinero. No obstante, en el primer juicio oral fueron absueltos, al entenderse que la Fiscalía no logró reunir elementos suficientes para obtener una condena en su contra. Esa absolución se mantuvo, mientras la responsabilidad penal quedó concentrada en la figura de Cárdenas.
Además de la pena de prisión, el caso incluye el decomiso de varios bienes. Entre ellos figuran un departamento y una cochera en Asunción, acciones de una firma agroganadera vinculada a la familia, montos accionarios a nombre de allegados y herederos, así como una suma en dólares depositada en una sucesión y un inmueble ubicado en Luque que fue integrado como capital en una sociedad. Todos esos bienes quedaron alcanzados por las medidas dispuestas en el marco de la causa.
La investigación se había originado años atrás a partir de publicaciones sobre el crecimiento patrimonial del entonces titular del Indert y derivó en un largo proceso judicial que atravesó condenas, apelaciones, revisiones de pena y recursos extraordinarios. Ahora, con la decisión de la Corte, el expediente entra en una etapa definitiva: la de la ejecución de la condena y del comiso.
El fallo representa un golpe judicial de fondo para un ex alto funcionario que durante años intentó revertir la sentencia en su contra. También vuelve a poner en escena una discusión persistente: la capacidad del sistema de justicia para llevar hasta el final las causas por corrupción que afectan a figuras de peso dentro del aparato estatal. En este caso, al menos en términos judiciales, el expediente llegó a su punto final.