Concejales liberales denuncian al intendente de Yaguarón por presuntas irregularidades financieras
El intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez Lugo, fue denunciado ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y malversación de fondos públicos.
La denuncia fue presentada por concejales del propio Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes cuestionan el manejo financiero de la administración municipal.
La presentación ante el Ministerio Público se da en un contexto de creciente polémica, luego de que el Ejecutivo Municipal solicitara a la Junta la aprobación de un nuevo préstamo por G. 1.400 millones con el Banco Continental, sin acompañar un proyecto detallado que explique el destino de los recursos, ni precisar plazos o tasas de interés. El pedido se realiza, además, en pleno año electoral.
Los ediles denunciantes recordaron que en diciembre de 2025 la Municipalidad ya había accedido a otro préstamo por G. 500 millones, destinado al pago de salarios y aguinaldos, pese a que la comuna administra un presupuesto anual cercano a los G. 12.000 millones.
Según sostienen, la reiteración de créditos genera serias dudas sobre el uso de los fondos municipales, ya que en los últimos años no se evidencian inversiones relevantes en la ciudad.
A esto se suma la actuación de la asesoría jurídica municipal, que intimó a un ciudadano al pago de una supuesta deuda de impuesto inmobiliario acumulada durante 10 años. Los concejales denunciantes señalaron que la Ley N.º 125/91 establece un plazo de prescripción de cinco años para el cobro de tributos, por lo que interpretan la medida como un posible mecanismo de presión o "apriete" recaudatorio.
Los denunciantes afirman que estas prácticas, sumadas a la falta de transparencia en el manejo de los recursos y a los pedidos de endeudamiento sin justificación técnica, motivaron la denuncia penal contra el intendente Rodríguez Lugo y algunos funcionarios municipales, y solicitan que la Fiscalía investigue el destino de los fondos y la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas.