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El presupuesto municipal aprobado este jueves por la mayoría colorada en la Junta de Asunción desató una fuerte controversia interna. La nueva norma, que regirá para el ejercicio 2026, incorpora previsiones que según la oposición constituyen un grave retroceso en materia de control financiero, eliminan del documento el saldo de los bonos municipales y permiten al intendente Luis Bello acceder a líneas de crédito consideradas ilimitadas en caso de "emergencias".
La sesión arrancó con la exposición del concejal Miguel Sosa, quien defendió el plan de gastos en nombre de la Comisión de Hacienda. Según su presentación, los ingresos estimados para el próximo año ascienden a G. 1,96 billones, equivalentes a unos USD 273 millones a la cotización mencionada por el edil. Sosa insistió en que la propuesta refleja una serie de recortes en distintas áreas y detalló reducciones que, en promedio, representan una merma del 14% respecto al presupuesto del 2025.
No obstante, entre los rubros sensibles, la administración de Bello planea disminuir apenas un 2% en el capítulo salarial, mientras que el área de obras retrocedería un 25%. También se prevén bajas del 26% en alquileres, mantenimientos y viáticos; del 16% en insumos; y del 10% al 25% en servicios de deuda, transferencias y otros fondos municipales. Para Sosa, estos ajustes reflejan un "trabajo conjunto" entre direcciones municipales, aunque esa afirmación fue inmediatamente puesta en duda por concejales opositores.
Uno de los primeros en cuestionar la legalidad del documento fue Álvaro Grau, quien recordó que la Ley 5513/2015 establece que solo el 40% del impuesto inmobiliario puede destinarse a gastos corrientes. Con el nuevo plan, la Municipalidad proyecta utilizar el 45%. Grau advirtió que esa diferencia viola una normativa ratificada por la Corte Suprema en 2018 y afirmó que un presupuesto no puede situarse por encima de la ley.
El punto más explosivo del debate se dio cuando la oposición alertó sobre la eliminación del saldo de los bonos dentro del consolidado de ingresos. Para Grau, la decisión constituye una maniobra para evitar reponer los más de G. 500.000 millones que debían destinarse a las obras financiadas originalmente con esos títulos. A su criterio, la exclusión del saldo serviría para encubrir desvíos cometidos en ejercicios anteriores y liberar al Municipio de la obligación de reembolsar los fondos.
Humberto Blasco coincidió en que la desaparición de esa cuenta es una señal de alarma. Sostuvo que la medida "desarma" todas las ordenanzas que blindaban los planes de inversión financiados con bonos y deja a la administración de turno con la libertad de abandonar proyectos inconclusos. Añadió que, si el presupuesto se aprueba en estas condiciones, se termina consumando un daño patrimonial por haber utilizado los bonos en destinos no autorizados.
El documento también contempla ingresos extraordinarios por más de G. 174.000 millones provenientes de la eventual venta de las tierras de la Costanera Norte. Blasco calificó esta decisión como un exceso de un gobierno de transición que pretende pagar deudas con la liquidación de patrimonio público. Grau reforzó esa crítica al señalar que los recursos de una subasta deberían destinarse a obras y no a tapar agujeros financieros heredados.
A ello se suma la posibilidad de que el intendente pueda contraer préstamos equivalentes al 30% de los ingresos presupuestados. Blasco advirtió que este margen representa alrededor de USD 81 millones y que, en caso de declararse una "emergencia municipal", la norma le permite incluso sobrepasar ese límite. Señaló que el texto constituye un "cheque en blanco" para la administración de Bello y denunció que, además, se aprobaron los presupuestos de 2027 y 2028, algo que -según explicó- es contrario a la obligación legal de analizar cada ejercicio de manera anual.
El edil sostuvo que la medida perpetúa un modelo financiero que condicionará a la próxima administración municipal. En su criterio, aprobar tres años de presupuesto en bloque no solo es "inmoral", sino que asegura la continuidad de un esquema que mantiene a la Comuna atrapada en un ciclo de endeudamiento creciente y sin correcciones estructurales.
Desde la oposición también se acusó a la gestión de "inflar ingresos" para justificar un mayor nivel de endeudamiento y de intentar desprenderse de tierras estratégicas sin un proyecto serio detrás. Grau fue más allá y afirmó que la combinación de endeudamiento, venta de patrimonio y desaparición de los bonos demuestra la falta de transparencia con la que se conduce la Municipalidad. A su juicio, el rumbo actual acerca a la ciudad a la quiebra.
El pedido de un cuarto intermedio para convocar a los responsables de Administración y Finanzas y aclarar la situación de los saldos de los bonos fue rechazado por la mayoría colorada. Finalmente, el presupuesto fue aprobado con los votos de los concejales del cartismo y algunos disidentes colorados.
Los ediles Blasco, Grau y Serrano votaron por el rechazo, mientras que varios concejales se abstuvieron y otros no se encontraban presentes al momento de la votación. Con la aprobación, la administración de Luis Bello queda habilitada a aplicar su plan financiero para el 2026, pese a las advertencias sobre la legalidad, los riesgos y los posibles perjuicios que podría generar para la ciudad y para las gestiones municipales futuras.
