El sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas en la causa por su supuesto título falso de abogado no sólo cierra un proceso judicial, sino que, según el constitucionalista Hugo Estigarribia, deja al descubierto una profunda crisis en el sistema de justicia paraguayo. Para el jurista, lo ocurrido constituye un "proceso vergonzoso", marcado por graves omisiones del Ministerio Público. Señaló que la investigación fue incompleta desde el inicio, al limitarse únicamente a Rivas, dejando fuera a otros actores clave como quienes habrían emitido, registrado y validado el título, incluso en instancias judiciales.
"Hay mucha gente que debería haber sido imputada", sostuvo Estigarribia en una entrevista exclusiva para el diario El Nacional, al cuestionar que no se haya avanzado contra funcionarios o autoridades que habrían intervenido en la cadena de legalización del documento.
Además, criticó duramente la actuación fiscal, sugiriendo que la dilación del proceso habría facilitado la prescripción de la causa. A su criterio, esto evidencia un uso estratégico del tiempo procesal como mecanismo para evitar una eventual condena. "Cuando existen indicios fuertes de culpabilidad, recurrir a la prescripción se convierte en una vía para evadir la justicia", afirmó.
El análisis del constitucionalista también apunta a la actuación de los tribunales de alzada, cuyos integrantes resolvieron la prescripción del caso. Si bien reconoció que los plazos son fundamentales en derecho penal, consideró que en este caso se terminó consolidando un escenario de impunidad. "Prácticamente le dan una impunidad para seguir teniendo el título de abogado a alguien que no demostró nunca tener compañeros y haber cursado los estudios", cuestionó.
Estigarribia fue más allá al advertir sobre un supuesto "blindaje político" en favor del legislador, que, según dijo, se extendió tanto en el ámbito judicial como en el Congreso Nacional. Recordó que Rivas no perdió su investidura ni fue objeto de sanciones políticas, pese a la gravedad de las denuncias. "Realmente un blindaje enorme que se le dio a este señor desde la esfera política con la actuación fiscal, judicial evidentemente y un posicionamiento del oficialismo, del cartismo, que una vez más defiende a muerte a uno de los suyos como fue con Erico Galeano hasta que vino lo inevitable", recordó.
Y añadió que Rivas está "tremendamente protegido por el poder político y con el blindaje judicial" por lo que considera que actualmente "el sistema judicial está sangrando, sangrando fuertemente en su cuerpo por este proceso".
En ese contexto, también puso en duda la independencia de órganos como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al que acusó de no actuar de oficio ante posibles irregularidades de fiscales y jueces. "Hoy en día, la seguridad jurídica que ofrece Paraguay es nula", advirtió, señalando el impacto negativo que estos hechos podrían tener en la confianza de inversionistas y ciudadanos.
Otro aspecto que generó suspicacias, según el abogado, fue la firma del fallo por parte de un magistrado que anunció su jubilación poco después, lo que, dijo, alimenta versiones sobre eventuales intereses políticos futuros. En contrapartida, destacó la postura disidente de un camarista, a quien atribuyó haber "salvado la dignidad de la magistratura".
Respecto al alcance del fallo, Estigarribia aclaró que no se trata de una absolución, sino de la extinción de la acción penal por prescripción. "No es lo mismo ser sobreseído por falta de pruebas que por el paso del tiempo", explicó, al tiempo de señalar que este mecanismo se ha repetido en otros casos, aunque no deja de ser preocupante.
Finalmente, el constitucionalista insistió en que el caso aún podría tener un capítulo adicional si el Ministerio Público recurre la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. "La Fiscalía tiene la obligación de ir a casación. Ahí se verá si aún queda margen para revertir este escenario", sostuvo.
Para Estigarribia, el caso Rivas se convierte en un "síntoma evidente" del deterioro institucional del sistema judicial paraguayo. "Es un fallo aberrante, producto de fiscales y jueces que se han acomodado al poder político", concluyó.
