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La ley, sancionada tras un proceso legislativo cargado de tensiones y reclamos de distintos sectores, vuelve al centro del debate político luego de que un grupo de diputados de distintas bancadas planteara modificar el artículo referido al régimen de jubilación transitoria de magistrados judiciales. La iniciativa surge a partir de una diferencia considerada problemática en los requisitos exigidos a este sector en comparación con otros incluidos en la reforma.
Durante el tratamiento legislativo, ya se habían advertido inconsistencias en el diseño del régimen transitorio. En particular, se cuestionó que a los magistrados se les haya impuesto una condición adicional de edad para poder elegir entre el sistema anterior y el nuevo esquema, requisito que no fue exigido a docentes, policías, militares ni otros grupos alcanzados por la reforma.
Sin embargo, en ese momento no hubo margen para introducir cambios. El proyecto llegó a su etapa final en la Cámara de Diputados en segunda vuelta, lo que obligó a los legisladores a optar por la versión aprobada en el Senado, descartando modificaciones pese a las críticas internas que ya comenzaban a surgir.
Ahora, ese punto vuelve a discusión. La propuesta presentada busca eliminar la exigencia de contar con 58 años de edad para acceder al régimen transitorio en el caso de los magistrados judiciales, con el objetivo de equiparar las condiciones con el resto de los sectores incluidos en la ley.
El argumento central de los impulsores del cambio es evitar posibles conflictos jurídicos a futuro. Señalan que mantener criterios diferenciados dentro de la misma normativa podría derivar en acciones de inconstitucionalidad, al interpretarse como una vulneración del principio de igualdad ante la ley.
En esa línea, sostienen que la redacción actual genera una incongruencia interna en la normativa, al establecer condiciones distintas para grupos que forman parte de un mismo régimen previsional. La modificación propuesta apunta, según sus promotores, a corregir ese desbalance y garantizar una aplicación más equitativa de la ley.
La situación deja en evidencia que, pese a haber sido presentada como una reforma estructural clave, la nueva legislación previsional aún arrastra aspectos que no lograron ser resueltos durante su tratamiento. El hecho de que surjan ajustes a tan pocos días de su promulgación también expone las tensiones políticas y técnicas que atravesaron su aprobación.
Mientras tanto, el debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema previsional sigue abierto, en un contexto donde la reforma ya generó resistencia en varios sectores y ahora suma cuestionamientos incluso dentro del propio oficialismo.
