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La convocatoria fue realizada por el presidente del órgano legislativo, Colym Soroka, quien confirmó que la reunión se llevará a cabo en la sede del Senado y contará con la participación del senador Rafael Filizzola, titular de la comisión especial que investiga la trama de ejecuciones fraudulentas detectadas en juzgados de paz.
Según explicaron desde la Comisión Permanente, el foco de la sesión estará puesto en los proyectos de ley que buscan modificar el marco legal de los pagarés, ante la evidencia de que estos documentos fueron utilizados de manera sistemática para promover embargos y procesos judiciales sin las garantías mínimas, afectando principalmente a trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes.
Soroka no descartó que, una vez concluido el análisis legislativo, se avance hacia instancias de mayor peso político. En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de convocar a ministros de la Corte Suprema de Justicia, ante lo que calificó como una falta de respuestas estructurales frente a un caso que expuso graves fallas en el sistema judicial.
El tratamiento del tema arrastra una serie de postergaciones. La primera convocatoria estaba prevista para mediados de enero, pero fue desplazada por el debate en torno a la reforma de la Caja Fiscal. Una segunda suspensión se produjo a fines de ese mes, cuando uno de los principales impulsores del abordaje del caso se encontraba fuera del país.
Desde la coordinadora de víctimas de la Mafia de los pagarés manifestaron su malestar por la demora y la ausencia de decisiones concretas. Denuncian que, pese a la magnitud del daño ocasionado, el avance institucional ha sido lento y fragmentado, mientras las consecuencias económicas y sociales continúan pesando sobre los afectados.
En ese contexto, un informe remitido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la Comisión Permanente volvió a encender las críticas. De más de una decena de casos vinculados al esquema investigado, solo uno concluyó con la destitución de una jueza, mientras que varios magistrados optaron por renunciar en medio de las investigaciones y otros expedientes siguen abiertos sin resolución.
Las víctimas sostienen que las renuncias no pueden ser consideradas una respuesta suficiente y reclaman sanciones ejemplares. También insisten en que existe responsabilidad política y administrativa en los niveles más altos del Poder Judicial, por lo que reiteraron su pedido de que se impulse el juicio político a ministros de la Corte Suprema.
La sesión extraordinaria de este miércoles aparece así como una instancia clave para medir si el Congreso está dispuesto a avanzar más allá del diagnóstico y encarar reformas legales, responsabilidades políticas y eventuales citaciones de alto nivel, en uno de los casos de corrupción judicial más sensibles de los últimos años.
