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La decisión fue adoptada luego de que legisladores de la oposición insistieran en la necesidad de que el titular del ente acuda a dar explicaciones públicas sobre el manejo financiero y contractual de la institución.
El pedido inicial había sido presentado el 29 de enero por la diputada Rocío Vallejo, quien solicitó informes detallados sobre los depósitos realizados por el IPS en bancos y otros aspectos relacionados con la gestión de los recursos jubilatorios. Posteriormente, el 16 de febrero, un grupo de diputados amplió el requerimiento y reclamó una convocatoria urgente para abordar presuntas irregularidades administrativas y financieras.
Uno de los puntos centrales gira en torno a un contrato para el servicio integral de lavandería hospitalaria, que contempla la provisión de sábanas y una erogación estimada en G. 160.000 millones por un periodo de 48 meses. Los legisladores exigen conocer cómo se determinó el monto global del acuerdo, cuántas camas fueron consideradas en la proyección, el número de rotaciones diarias calculadas y el costo unitario por cama bajo el esquema tercerizado. Además, piden saber si existió un estudio comparativo entre el modelo propio y el servicio externalizado, teniendo en cuenta que el IPS ya cuenta con infraestructura y que en 2024 se adjudicaron insumos textiles por más de G. 3.600 millones.
La oposición también reclama documentación técnica y financiera que respalde la razonabilidad del contrato, así como los dictámenes y actas administrativas que avalaron la decisión. A esto se suman consultas sobre el mantenimiento de equipos médicos de alta complejidad, como los angiógrafos, y sobre el abastecimiento de medicamentos en los hospitales.
Otro eje sensible se relaciona con la política de inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Los diputados piden que el IPS detalle qué parámetros utiliza para garantizar seguridad, liquidez y solvencia en la colocación de recursos, y si cuenta con modelos internos de evaluación de riesgo de crédito, contraparte, concentración y liquidez.
Especial preocupación genera la eliminación del requisito de patrimonio efectivo mínimo que debían cumplir las entidades financieras para recibir fondos del IPS. Los legisladores solicitan que se informe qué normativa fue modificada, cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos de esa decisión y qué indicador sustituyó ese parámetro histórico de solvencia. También preguntan si la calificación de riesgo otorgada por firmas privadas pasó a ser el único filtro vigente y si la institución realiza controles adicionales independientes.
En ese contexto, se requiere un informe detallado sobre la composición actual de la cartera del Fondo de Jubilaciones, incluyendo montos invertidos por tipo de instrumento, contraparte, plazo y nivel de riesgo. Particular atención se centra en la exposición a Ueno Bank, para conocer cuánto representa esa colocación dentro del total administrado y qué proporción implica respecto al patrimonio de la entidad financiera.
Incluso se plantea un escenario hipotético para determinar cuánto podría haberse invertido en determinadas entidades si el requisito de patrimonio efectivo siguiera vigente y si, bajo las reglas anteriores, los montos actuales habrían sido posibles. Los legisladores buscan establecer si la previsional asumió un mayor nivel de riesgo tras modificar los criterios prudenciales.
La comparecencia de Brítez se dará en un contexto marcado por reiteradas denuncias sobre deficiencias en la atención médica, demoras en cirugías y cuestionamientos a la administración financiera del instituto. La sesión del martes será clave para medir el respaldo político con el que cuenta el titular del IPS y el alcance de las explicaciones que pueda ofrecer ante las crecientes dudas sobre la conducción del ente previsional.
