Comisión Permanente analiza pedido de juicio a ministros de la Corte
Para el legislador, el silencio ya no es una opción y el máximo órgano judicial debe dar explicaciones claras sobre su actuación —o su falta de ella— frente a denuncias que involucran a jueces y funcionarios del sistema.
Soroka sostuvo que el reclamo ciudadano alcanzó un punto de no retorno y que el Congreso no puede seguir mirando hacia otro lado cuando miles de personas fueron afectadas por un mecanismo que operó durante años sin que se activaran controles efectivos. Remarcó que, pese a la gravedad de los hechos denunciados, desde la Corte no se impulsaron acciones contundentes para frenar el esquema ni para sancionar a los responsables, lo que alimentó una profunda desconfianza social hacia el Poder Judicial.
En ese contexto, el senador reconoció la importancia de la reciente ley promulgada para frenar los juicios ejecutivos irregulares y obligar a la devolución de pagarés, pero advirtió que una norma, por sí sola, no resuelve el problema de fondo. A su criterio, sin una implementación real y sin un compromiso activo de la Corte para hacerla cumplir, la ley corre el riesgo de quedar en el papel, repitiendo una historia conocida de reformas que no se traducen en cambios concretos.
Soroka fue enfático al señalar que los ministros de la Corte deben presentarse ante el Congreso y explicar cómo garantizarán que la nueva legislación no sea burlada ni ignorada por los mismos circuitos que permitieron la existencia de la mafia de los pagarés. Para el titular de la Comisión Permanente, la rendición de cuentas no es una concesión, sino una obligación inherente a la función pública, más aún cuando se trata de uno de los poderes del Estado.
El legislador dejó en claro que el pedido de juicio político no responde a una vendetta política ni a una coyuntura pasajera, sino a la necesidad de restaurar la credibilidad institucional. "Si no se cumple la ley y no hay consecuencias, todo vuelve a foja cero", advirtió, al insistir en que la Corte debe asumir su responsabilidad en la supervisión del sistema judicial.
En un escenario de creciente malestar social, Soroka consideró que el Congreso tiene el deber de canalizar el reclamo de las víctimas y forzar definiciones. Para él, permitir que el tema se diluya sería convalidar la impunidad y profundizar la sensación de que existen sectores intocables dentro del Estado. El juicio político, planteó, aparece así no solo como una herramienta constitucional, sino como una señal política de que las denuncias graves no pueden seguir archivadas en el olvido.