Dentro de una semana el pueblo paraguayo elegirá en las urnas a las personas que gobernarán el país por los próximos cinco años, bajo la esperanza de que puedan mejorar varios aspectos de la realidad nacional que urgen de intervención, como lo es el asunto de la seguridad. Paraguay sufrió durante los últimos años un incremento desmedido de la violencia producto del crimen organizado y el narcotráfico, esquema que instaló el terror en casi todo el territorio nacional mediante los sicariatos. La inseguridad reinante y la delincuencia "común", también son otros de los flagelos que tanto afectan a la sociedad.
El próximo domingo 30 de abril, el candidato presidencial que gane las elecciones tendrá bajo su responsabilidad el inmenso desafío de intentar responder ante el hartazgo de la gente, que hoy en día se encuentra desamparada en la garantía que debe ofrecer el Estado para salvaguardar su integridad y derechos humanos, así como lo dicta la Constitución Nacional.
Las aristas a ser atendidas son diversas y todas de altísima prioridad en la agenda nacional, razón por la cual El Nacional ofrece un análisis sobre cuáles son los principales aspectos que el futuro presidente, y también las próximas autoridades del Congreso y demás cargos, tienen que tener en cuenta para empezar a generar algunos cambios significativos en la política pública de seguridad interna.
El nivel de decepción es inconmensurable en la ciudadanía en general, ante los fracasos que deja el Gobierno actual. El 2022 fue un año con escasa planificación para abordar la cuestión de la inseguridad, según explica el experto en la materia, el criminólogo Dr. Juan A. Martens.
"La gente está temerosa al delito. Existen hechos que aumentan la sensación de inseguridad y eso repercute en distintos ámbitos, como en la percepción de la democracia y el ejercicio del derecho, como la gente que se encierra en su casa y que gasta su dinero en medidas de prevención como la compra e instalación de cámaras, y un sinfín de medidas y hechos que hacen que la carga de seguridad se traslade al ciudadano y no al Estado, que está obligado a garantizarla según el artículo 9 de la Constitución Nacional", explica.
Teniendo en cuenta la situación actual, el próximo Gobierno tendrá la titánica tarea de atender la inseguridad desde un aspecto mucho más integral, también aprovechando las lecciones que dejaron tantos nefastos antecedentes registrados en los últimos años.
Ante el aumento de casos de sicariato a nivel país, Martens refirió que cada sicariato es “la expresión del crimen organizado”, ya que es cómo este tipo de criminalidad va “resolviendo” sus problemas entre sus miembros. Mientras más avance el crimen organizado en el país, más casos de sicariato se irán registrando, sostiene.
Asimismo, Martens recalca que los miembros del crimen organizado claramente no resuelven sus asuntos “en tribunales” o mediante “sistemas formales”, sino con los asesinatos que son consecuencia de engaños o traiciones entre ellos.
Desde el Estado constantemente reiteran sobre una lucha al crimen organizado y el trabajo por una mayor seguridad a nivel país y al respecto, el investigador especificó que el Gobierno debería trazar un plan de abordaje de los casos de sicariato, con una depuración en las fuerzas policiales y también armadas, ya que según consideró, son instituciones “muy contaminadas”.
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Política antisicariato
“El sicariato debe ser enfrentado como una política de Estado para tener éxito en su lucha”, puntualizó.
Continuando, Martens señaló que tal abordaje debe ser estructural y no centrarse netamente en un ministerio o alguna autoridad, sino dar un acompañamiento, trabajando en conjunto con la Fiscalía y otras fuerzas, desarrollando un plan nacional con varias instituciones aumentando así una posibilidad de éxito.
Por otra parte, el especialista explicó que existe tanto un miedo al delito y también que la existencia del cada delito es otro tipo de temor, citando que Paraguay registra siete asesinatos por cada 100.000 habitantes, un número considerablemente menor en comparación a otros países de la región, siendo esta la inseguridad objetiva.
De igual manera, Martens comentó que nuestro país es uno de los más “temerosos” de la inseguridad subjetiva, ya que gran parte de la población está con un miedo constante de que será una víctima más de la inseguridad, independientemente de que lo fuera o no.
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Policías deben salir a las calles
A su vez, el experto en seguridad e inteligencia José Amarilla señaló que la Policía Nacional debe mejorar su servicio, distribuir mejor a su personal y salir de las oficinas a las calles. Aseguró que ante la oleada de robos y crímenes, las fuerzas policiales deben brindar respuestas a los ciudadanos.
“Poco más del 50 % del personal policial no hace el trabajo policial propiamente dicho. Es algo que se arrastra desde el inicio de la creación de la Policía Nacional. Se va dejando todo a cargo de la Policía, y la Policía tiene más de la mitad de su personal fuera de la tarea básica policial”, expresó.
Dijo que actualmente existen unos 4.500 policías administrativos, otros 4.500 que realizan labores tácticas, también apoyo en servicios que no están empleados en las calles. Aseguró que la policía debe sumar al menos 5.000 uniformados más en la vía pública, lo que incrementaría esta labor en un 30 %.
Amarilla refirió que se trata de una serie de fallas que muchas veces no pasa por la Policía y que no todas las respuestas deben ser de carácter policial. Indicó que la labor de la Fiscalía es también determinante ya que tiene la tarea investigativa sobre los hechos delictivos.
Así también, manifestó que la Policía Nacional debe recorrer con la mayoría de sus uniformados en la vía pública para poder percibir mayor presencia policial en las calles. Al mismo tiempo, lamentó que ninguno de los candidatos proponga el tema de la seguridad entre sus ejes de campaña.
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