Nos encontramos a poco más de un mes de la asunción de un nuevo gobierno nacional que tendrá por delante el enorme desafío de formular respuestas para la desesperante situación de inseguridad que aqueja a millones de paraguayos e incluso se cobra cada vez más vidas. Asaltos a mano armada con derivación fatal en zonas donde antes se consideraban seguras y hechos de sicariatos por doquier, resultan el pan de cada día de compatriotas que salen de sus casas para trabajar honradamente.
El presidente electo Santiago Peña designó a Enrique Riera como su ministro del Interior, quien hasta ahora esbozó escasos planes para intentar paliar la problemática de la inseguridad que resulta muy compleja por las aristas que la componen, y que urgen de intervención integral por parte de las autoridades. El gobierno saliente deja una triste gestión, calificada como aplazada por especialistas en la materia, por lo que se genera el debate sobre qué se puede hacer para hacer frente al flagelo.
El caso más reciente que aún conmociona es del concejal del municipio de Capitán Bado, Teobaldo Aquino, quien fue víctima de sicariato en plena vía pública. Amambay venía siendo desde hace años el lugar habitual donde se registraban estos tipos de hechos sumamente violentos; sin embargo, en los últimos tiempos se dio una expansión y traslado hacia otras zonas del país, llegando e instalándose en la capital, a tal punto que señala que incluso se normalizó la presencia de los mismos.
Las estadísticas señalan que el 70 % de los casos de sicariato en nuestro país se produce en la vía pública, afirmó el especialista en inteligencia y seguridad José Amarilla, quien indicó que la capital de nuestro país se encamina a posicionarse como una de las ciudades más violentas del mundo. Esto debido al aumento de asesinatos por encargo y por la presencia de referentes del crimen organizado en Asunción.
“Según las estadísticas que venimos siguiendo desde el 2012 con respecto a la profundización y la extensión del fenómeno del sicariato, más del 70 % de estos hechos suceden en la vía pública, alrededor del 15 % en la vivienda de la propia víctima y luego en otros lugares de concurrencia pública como las estaciones de servicio, lugares de balneario, etc.”, puntualizó el especialista.
“Pedro Juan Caballero está entre los 10 lugares más violentos del mundo, no es una casualidad que esa peste se vaya al resto del territorio. Si seguimos así, Asunción también va a estar en las estadísticas en un breve tiempo”, advirtió Amarilla además de afirmar que existe un llamativo silencio por parte de los organismos de seguridad del Estado paraguayo y que esto levanta las sospechas de que reciben dinero para “mirar otro lado”.
“Hay una aceptación institucional general de la economía narco, nosotros decidimos convivir con ellos, los dejamos venir a refugiarse a la capital del país, son fallas institucionales que muestran que no estamos entendiendo la profundidad de este fenómeno, no es raro lo que ocurrió”, expresó.
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Narcotráfico contribuye al dilema
El crimen organizado transnacional es el principal problema de seguridad en nuestro país y permea en diferentes estratos sociales, aseguró el especialista apuntando a que existe un “tentáculo narco” presente en el Congreso Nacional, en los partidos políticos, en las campañas electorales e incluso en los organismos encargados de la seguridad.
“El hecho de que haya eslabones, mecanismos de producción y distribución, que acopien drogas ilícitas, que luego transitan por nuestro territorio y pasan nuestra frontera, indica que hay una complicidad de fiscales, jueces, militares, policías y funcionarios de distintas escalas del Estado. El crimen organizado transnacional debería ser la prioridad principal de cualquier entidad dedicada a la seguridad”, aseveró.
La sociedad paraguaya sufrió un paulatino proceso de aceptación de la economía narco, aseguró el entrevistado, a tal punto de que hoy convivimos con ellos en cualquier barrio de la capital y de Central, y coincidiendo con ellos en cualquier lugar de compras donde está presente la ciudadanía en general, hecho que es grave y preocupante, manifestó.
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Cifras preocupantes
De acuerdo con los datos del Ministerio Público, el 2022 cerró con un total de 255.129 denuncias ingresadas, y entre los hechos punibles más denunciados se encuentran el hurto agravado, violencia familiar, hurto, amenaza, exposición en el tránsito terrestre, lesión y daño. Los departamentos que más hechos punibles registraron son Central (88.716), Asunción (40.073), Alto Paraná (28.499), Itapúa (14.789) y Caaguazú (14.762).
El 5,7 % de las causas iniciadas este 2023 corresponden al robo agravado y el 3,8 % a la amenaza. Se debe señalar, por tanto, basados en los datos oficiales, que la preocupante tendencia parece prolongarse y no se atisban señales de que las autoridades dispongan de un plan para reducir la delincuencia.
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