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La iniciativa surge en medio de un creciente malestar interno y cuestionamientos a la actuación de la mayoría oficialista en el Congreso.
La propuesta es promovida por Liz Maqueda, quien explicó que muchos adherentes sienten que las decisiones se toman sin escuchar a la base partidaria. Según relató en entrevista radial, la sensación predominante es que las autoridades "hacen lo que quieren" sin abrir espacios reales de participación, lo que llevó a buscar una forma de manifestación distinta a las movilizaciones tradicionales.
Maqueda señaló que si bien respalda las protestas en las calles, sostuvo que cada convocatoria termina rodeada de un fuerte dispositivo policial y un ambiente de tensión que desalienta la participación. Ante ese escenario, planteó la desafiliación como un mecanismo de presión directa. "Si no nos escuchan, usemos las herramientas que tenemos", afirmó.
El detonante, explicó, fue la reciente aprobación de la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, normativa que generó amplio rechazo en distintos sectores. Tras la sanción de esa legislación, comentó que junto a unas 50 personas acudió a formalizar su retiro del padrón partidario y aseguró que desde entonces el número fue en aumento. Estimó que alrededor de 500 ciudadanos ya habrían completado el trámite.
La impulsora de la campaña también cuestionó la facilidad con la que, según dijo, se realizan afiliaciones, incluso sin pleno conocimiento de los involucrados, y contrastó esa situación con las supuestas trabas que enfrentan quienes buscan retirarse. Denunció que en algunos casos no se entregan constancias en tiempo y forma, pese a que la normativa establece plazos específicos.
Asimismo, sostuvo que mantener inflado el padrón beneficia al partido en términos de financiamiento público, ya que el subsidio se calcula en base a los registros oficiales de la Justicia Electoral. "No es solo por quienes votan, sino por los nombres que figuran en el padrón", afirmó.
El movimiento de desafiliación expone tensiones internas dentro del coloradismo y reabre el debate sobre la relación entre la dirigencia partidaria y su base. Mientras algunos sectores consideran la medida una reacción legítima frente a decisiones controversiales, otros la interpretan como un gesto simbólico que difícilmente altere el equilibrio político actual.
